Tegucigalpa, Honduras.- La violencia política continúa erosionando el ambiente democrático en Honduras en el marco del proceso electoral general de 2025.
Así lo señala el informe “Democracia bajo amenaza: violencia política en el proceso electoral de Honduras”, presentado este jueves 11 de diciembre por Cristosal, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Centroamérica.
La investigación documenta 67 hechos de violencia registrados entre septiembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025, un periodo que abarca campañas internas, movilizaciones y la fase final hacia las elecciones generales.
El documento de más de 50 páginas confirma que esta violencia no se trata de sucesos aislados, sino de patrones que buscan condicionar la participación ciudadana, afectar a actores de distintos partidos y sembrar miedo en comunidades enteras.
Las agresiones abarcan asesinatos, atentados, secuestros, acoso, criminalización, violencia de género y manipulación judicial. Aunque la mayor cantidad de casos proviene del departamento de Francisco Morazán, los hechos más letales han ocurrido en Santa Bárbara, Yoro y Colón, zonas donde las tensiones políticas históricas se combinan con la presencia de estructuras criminales y disputas territoriales.
René Valiente, director de Investigación de Cristosal, subrayó que detrás de cada caso documentado existe una vida marcada por daños profundos.
“Hemos identificado un total de 67 hechos de violencia hasta el 2 de diciembre que tienen distintas formas de incidencia. Detrás de estos casos hay vidas que han sido truncadas, familias que han perdido un miembro, personas y niños que han quedado en la orfandad y gente que ha sufrido acciones devastadoras en sus derechos, con un impacto directo en la participación y en el ejercicio de los derechos políticos”, dijo.
El estudio muestra además cómo la violencia se manifiesta de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Mientras los hombres concentran los ataques más letales, las mujeres experimentan con mayor frecuencia acoso, violencia de género, amenazas y criminalización.
Para Cristosal, este patrón reproduce desigualdades históricas y reduce su acceso a espacios de decisión política; la violencia no solo busca intimidar, sino también desalentar la presencia femenina en cargos públicos o procesos electorales.
Según Valiente, los ataques más graves incluyen 13 atentados directos contra la vida, de los cuales solo seis sobrevivieron, y siete asesinatos de personas vinculadas al proceso electoral.
Además, se identificaron amenazas orientadas a obligar a las personas a votar o abstenerse, así como presiones ejercidas por estructuras criminales.
“Hay amenazas para que las personas voten o no voten en un determinado sentido o no participen del proceso electoral. También hemos visto coacciones de estructuras criminales y figuras públicas reconocidas que han ejercido lenguaje de odio e incitación a la violencia”, detalló.
El informe también advierte sobre los efectos de la criminalización mediante procesos judiciales y el uso del sistema de justicia como herramienta de intimidación política.
Cristosal señala que, en varios casos, actores políticos, principalmente mujeres, fueron sometidos a procesos penales sin fundamento sólido, lo que afectó su imagen pública y su posibilidad de continuar participando en el proceso electoral.
Una de las principales preocupaciones de Cristosal es la falta de respuesta institucional frente a esta escalada violencia.
Valiente lo describió como un escenario de permisividad que alimenta la impunidad: “Creemos que esta violencia tiene una relación muy directa con la respuesta del Estado. Hemos identificado una respuesta indiferente, muy poco eficaz y, en algunos casos, displicente de las autoridades frente a los actos de violencia. Incluso hemos documentado que las propias autoridades han intentado minimizar los ataques, despojándolos del carácter político de las agresiones”, afirmó.
La organización señala con especial preocupación la inacción del Ministerio Público, donde no se observan avances significativos en la judicialización de los casos, así como irregularidades en la actuación de las Fuerzas Armadas.
Para muchas víctimas, la falta de atención estatal profundiza el temor a denunciar y perpetúa un ciclo de agresiones.
“Personas que presentaron denuncias por atentados con arma de fuego en plena luz del día no obtuvieron respuesta del Ministerio Público ni de la Policía. Esto genera un ambiente de impunidad que reproduce la violencia y eleva el nivel de las agresiones”, lamentó Valiente.
Cristosal sostiene que la violencia política ha moldeado todo el proceso electoral y ha tenido un efecto disuasivo sobre la participación ciudadana.
La organización recuerda que el ejercicio de los derechos políticos es un derecho humano fundamental. Documentar la violencia, insisten, es clave para prevenir futuras agresiones y construir verdad, memoria y justicia.
“Todo el proceso se ha visto afectado por distintas formas de violencia que desincentivan la participación. Hay que entender que el ejercicio de esos derechos está íntimamente vinculado con la dignidad de las personas”, subrayó el investigador.
El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades hondureñas a garantizar un cierre seguro y democrático del proceso electoral.
