La violencia política es un fenómeno peligroso para cualquier sistema democrático, y, en Honduras es una amenaza persistente, casi siempre encubierta o no visible. Esta violencia política, puede manifestarse en asesinatos, intimidaciones y fraudes electorales, no solo pone en riesgo la vida de quienes participan en la vida pública, sino que debilita las instituciones y la confianza ciudadana.
Últimamente, Honduras enfrenta una preocupante normalización de la violencia política: asesinatos de candidatos en procesos electorales, usurpación de cargos y funciones públicas, amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. El país se encuentra en una encrucijada entre avanzar correctamente hacia un Estado de derecho o hundirse más en la corrupción, impunidad y el miedo.
Entre las causas de la violencia política están, primeramente, la perversidad del hombre y la mujer, las instituciones débiles, la corrupción enquistada, la criminalidad organizada infiltrada en la política, la polarización ideológica y la exclusión sistemática de sectores sociales. En este contexto, la violencia es herramienta para conservar o disputar el poder, convirtiéndose en una norma cada vez más frecuente en aquellos que ostentan el poder de la nación.
En la tipificación de los crímenes asociados a la violencia política se consideran los delitos de violencia política directa (asesinato político, violencia sexual con fines de dominación política, etc); delitos estructurales y financieros con motivación política (financiamiento ilícito de campañas, fraude electoral, etc); delitos contra el orden constitucional (rebelión armada, usurpación de funciones públicas, etc).
Se observa que la violencia política en Honduras es estructural, intensificada por la debilidad institucional, la criminalidad organizada y la polarización verbal y social.
Frente a estos escenarios, urge erradicar la violencia política, fortaleciendo la institucionalidad, reformar el sistema judicial y electoral, garantizar investigaciones independientes y crear mecanismos de protección a actores políticos y sociales en riesgo. Además, fomentar la participación de la sociedad civil, medios de comunicación y cooperación internacional en la vigilancia de estos actos.
La violencia política incluye crímenes que atentan contra la democracia, la equidad electoral y los derechos humanos. Estas formas de violencia son sistémicas, combinando la agresión directa con la corrupción estructural y la manipulación del sistema para excluir a quienes no forman parte de la red del poder.
Algunos ejemplos recientes de violencia política: las denuncias de fraude en las elecciones primarias del 9 de marzo, la usurpación de la presidencia del Poder Legislativo y sus inconstitucionales acciones, el discurso incendiario y ofensivo de la candidata presidencial del gobierno, entregar en manos de brujos y hechiceros el gobierno presidencial y darle la espalda a Dios.
Urge un cambio en la cultura política, donde el debate sustituya al miedo, la legalidad a la trampa y el respeto a la violencia. Solamente así podremos llevar la democracia a lo cotidiano de la vida de nuestra sociedad. Queda planteado.
