¿Qué dicen los astros?
En los círculos de la población medianamente informados existe la percepción que las comisiones que se nombran para investigar temas complejos generalmente terminan en nada. Se nombran para bajarle el perfil a hechos vergonzosos.
A la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional (CN), designada para revisar el avance de al menos 12 casos sonados de corrupción, se le ha dado un plazo perentorio de 20 días para que presente el informe de lo actuado. Casos de corrupción que la Fiscalía no ha podido resolver en años, y esta comisión tiene que dar cuenta de ellos en tiempo récord. Da la impresión que semejante tarea está dada para distraer la atención del tema principal que es el que preocupa a la población en este momento, el referido al saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los resultados de la comisión no pueden ser constitutivos de condenas; es más, según los entendidos, las propias instancias creadas para investigar y promover la acción penal no están obligados a proporcionar ninguna información considerada como secreta; se le proporcionará información que ya la población sabe. La diferencia será que a esta comisión el fiscal general le entregó la información en ceremonia especial y su apertura fue en un acto solemne, digno de cualquier acto sacro.
La comisión no ha rendido el informe y el partido de gobierno, partido señalado en uno de los actos de corrupción, ya presentó ante los órganos judiciales una querella por difamación en contra del principal líder del Partido Anticorrupción (Pac), ing. Salvador Nasralla. Hay desesperación por las acusaciones hechas y buscan desmarcarse de tan deleznable acto. Una posición sensata del partido gubernamental sería esperar el resultado de los órganos estatales que han de hacer la investigación y juzgamiento del caso para que se demuestre si existe o no involucramiento de esa organización partidaria en el acto de corrupción, para luego hacer la denuncia de difamación. Están en veloz carrera, pareciera la premura del culpable.
Mientras el exjefe de la Unidad de Apoyo Fiscal en Honduras, Roberto Ramírez Aldana, quien tenía a su cargo la recopilación de la documentación que sustentaría las acusaciones de los implicados hasta ahora y buscaba establecer los nexos de toda la trama de la corruptela en el IHSS, anda conociendo, si es que no conocía, todos los encantos del París culto y encantador de la Europa milenaria, sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde el gobierno lo nombró como su representante; los miembros de la comisión se mueven de un lugar a otro y se despezuñan tratando de averiguar los hechos.
El Estado no tuvo la capacidad de proporcionarle seguridad ante las amenazas por su trabajo y en meteórica carrera lo convirtieron de abogado penalista a diplomático.
Ahora todos los funcionarios públicos que sean amenazados por su trabajo deben exigir igual trato: que los nombren embajadores.
