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Show al desnudo

La triste, violada, humillada y aporreada Constitución de la República de Honduras, en su artículo 233, establece que le corresponderá a una Junta Proponente evaluar a los postulantes y nominar a los cinco candidatos idóneos para ocupar el cargo de fiscal general y fiscal adjunto.

Casi un verso lo que está escrito con intenciones razonables en la carta magna, pero todos sabemos que en los juegos del poder los intereses están por encima de cualquier intento para adecentar la justicia en estas honduras.

El ejemplo malísimo que acabamos de ver en vivo y en directo, como una función surrealista de esos funcionarios que se desnudan, es ver cómo se eligió a los magistrados de la actual CSJ, ante un Congreso que solo hizo los mandados de un sistema que los alquila para aprobar y desaprobar lo que ya está decidido en las cúpulas del poder real.

Y es que ni siquiera tenemos una junta directiva del Congreso legal, menos una ética política necesaria para construir y mantener una democracia auténtica que no se limite a celebrar elecciones como piñatas, sino que promueva el diálogo, la deliberación, la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de todos los sectores sociales.

Lo correcto es asumir responsabilidades, respetar las normas, actuar con honestidad, integridad y coherencia, reconocer y valorar la diversidad, la pluralidad y el disenso del pensamiento crítico, mas no mafias de enriquecimiento que usan las curules como mesas de negocios. Cada congresista debe saber que el papel de los fiscales es esencial en cualquier sistema de justicia, ya que son los encargados de investigar y presentar cargos en casos criminales y de corrupción, así como de representar al Estado en los juicios.

Es por eso que es crucial contar con fiscales valientes y honrados que estén dispuestos a desempeñar este rol con integridad y sin prejuicios.

En los últimos años hemos visto ejemplos sobre la importancia de contar con fiscales decentes, ante la escalada de mediocridad administrativa y operativa del Ministerio Público, donde son nombrados por políticos y utilizados para subrayar agendas políticas, en lugar de servir como custodios de la justicia.

Es imperativo, ante esta crisis institucional, tener fiscales valientes y honrados que actúen con integridad y sin miedo a enfrentar a poderosos individuos y corporaciones en casos de corrupción y delitos financieros. También, hemos visto cómo algunos de ellos se han plegado a los intereses de determinados grupos de poder, o bien, han actuado con negligencia, pasividad o complicidad ante casos de corrupción o crimen organizado.

Estas conductas erosionan la confianza del MP y favorecen la impunidad y el deterioro de las instituciones democráticas. Por eso urgen los sistemas jurídicos eficaces y transparentes que permitan la rendición de cuentas, de igual forma, personas adecuadas que sean nombradas para los cargos de la Fiscalía.

Además, necesitamos asegurarnos de que los fiscales tengan los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo y que estén protegidos de cualquier represalia de estas mafias eternas en la política. Esta es una demanda legítima y necesaria de la sociedad civil que debe ser atendida por los “círculos sagrados” de la política. Aún están a tiempo de garantizar la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal, así como dotarlo de los recursos humanos y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Es fundamental promover una cultura de la legalidad, respetar la justicia entre la ciudadanía y fomentar la participación y el control social sobre el desempeño de los fiscales. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, más libre y más democrática, donde el crimen y la corrupción no tengan cabida, y donde los fiscales sean verdaderos garantes del Estado de derecho, no este show que desnuda sus vergüenzas políticas.