Desde inicios del presente año nuestro país ha estado inmerso en una serie de eventos que han provocado incertidumbre, enfrentamientos, afectado el desarrollo normal de las actividades económicas, especialmente en el sector norte del país y de muchos microempresarios y en general, afectado el normal desenvolvimiento de las personas.
Aunque la situación ha tendido a mejorar, no se puede decir que se ha logrado una estabilización plena. Como secuela, tenemos manifestaciones esporádicas en el norte, los enfrentamientos que se siguen produciendo en algunos centros de estudios, tanto a nivel de la universidad como de algunos colegios, donde alumnos enmascarados se enfrentan a las fuerzas del orden y provocan la suspensión de clases.
Para agregar leña al fuego, en el Congreso Nacional un buen número de diputados se ha declarado en “insurrección legislativa”, afectando el desarrollo normal de las sesiones, provocando enfrentamientos entre diputados y generando caos, todo porque el partido al que pertenecen desea que se nombren los integrantes de los organismos electorales antes de que se apruebe la nueva ley electoral.
Lo anterior deja en evidencia la intolerancia que existe entre los distintos grupos organizados, donde cada uno lo que desea es imponer sus criterios y buscar su propio beneficio, dejando en evidencia una vez más la poca institucionalidad que existe en el país y la poca credibilidad de que gozan las instituciones existentes, no solo a nivel de organismos electorales sino que también de las encargadas de impartir justicia.
Los últimos procesos electorales en Honduras, en lugar de contribuir a fortalecer la unión y la convivencia entre las denominadas fuerzas políticas y los mismos ciudadanos, lo que han generado son mayores enfrentamientos y controversias por los resultados. La realidad que esto no puede continuar, porque entonces nunca saldremos de esta trampa de intereses mezquinos.
La propuesta de la OEA sobre la nueva ley electoral incluye el nombramiento de una Junta Nominadora para la selección de los integrantes de las instituciones electorales y limita a un solo período de reelección. Estas son medidas saludables y que deberían contribuir a fortalecer la imagen y reputación de estos organismos, asegurando que se seleccionan profesionales competentes, honestos y de reconocida reputación. No podemos ser ingenuos y pensar que los integrantes así seleccionados no tendrán sus preferencias políticas, pero por lo menos se evita ese sentimiento de dependencia a un determinado partido o político y la errónea creencia que su función es únicamente proteger a su partido a como haya lugar.
Honduras tiene retos enormes y los ciudadanos debemos entender que nuestra responsabilidad es escoger a los candidatos que consideremos más idóneos para dirigir nuestro país y fortalecer sus instituciones. Nuestra lucha debe ser contra la corrupción e impunidad, contra la pobreza y los malos servicios en salud y educación que brinda el Estado. Igual debemos luchar porque se reduzca la burocracia y que los funcionarios públicos entiendan que el presupuesto se nutre de los impuestos que pagamos los contribuyentes y que su deber es hacer un uso transparente y eficiente de estos recursos.
