Somos únicos entre los ejércitos. No hemos jurado defender a un rey o a una reina, a un tirano o a un dictador. No hemos jurado defender a un individuo. No hemos jurado defender a un país, a una tribu o a una religión. Hemos jurado defender la Constitución”. No, no son las declaraciones de ningún jerarca militar hondureño; son palabras del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, declaraciones que las dio en medio de la crisis que vivió la nación ante la pretensión del etnocéntrico Donald Trump de desconocer el proceso electoral, con pretensiones reeleccionistas, lo que culminó con el asalto al Capitolio, sede del Congreso estadounidense.
En esa dirección, el Estado Mayor, como órgano colegiado, envió una carta a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, recordándoles su deber de defender la Constitución. Con las declaraciones de los militares se evaporaron las bravuconadas de Trump. En Honduras, la única acción de defensa de la Constitución de la República por parte de los militares se dio cuando en 1985, el gobernante Roberto Suazo Córdova intentó desde el Congreso dar un golpe parlamentario para evitar la celebración de elecciones que su grupo político no estaba preparado para ganarlas. Cuando la iniciativa se presentó al Congreso, el jefe de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, general Walter López Reyes, hizo una llamada al presidente del órgano legislativo, reprochándole tan ilegal conducta; llamada de atención que bastó para que los proponentes desistieran de la iniciativa.
No hay duda de que los países desarrollados, desde su fundación como Estados modernos, recogieron las mejores tradiciones heredadas de los pensadores de la Ilustración en defensa y fortalecimiento de la institucionalidad. Mientras ellos se desarrollaban con una firme defensa de su sistema, a los países latinoamericanos se les debilitaba como naciones, como condición para un brutal sometimiento que implicaba el saqueo de sus recursos. Se educaron a las Fuerzas Armadas de los países pobres, por parte de las grandes potencias en temas ideológicos, que los llevó a apoyar golpes de Estado y acciones de políticos inescrupulosos que vieron al Estado como botín.
Se está desmembrando el país a pedazos, nos están asfixiando, entregando las zonas marítimas a empresarios nacionales y extranjeros de origen dudoso, crean un sistema de privilegios a empresarios diferenciada con el resto del territorio que no están en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), han creado una superestructura institucional exclusiva. No es extraño que, Honduras, siendo un país con déficit institucional, en el conjunto de las naciones latinoamericanas, su estamento militar, en este momento, cuando más se les necesita, guarde un silencio cómplice, contrario a los preceptos constitucionales que les señalan obligaciones irrenunciables. Cuando las Fuerzas Armadas renuncian a la defensa de la patria y sus instituciones, es porque están al servicio de una persona que nació y creció en la vida pública al margen del imperio de la ley, lo que les quita la razón de su propia existencia.
