La capacidad de ejecución y de obtener los resultados deseados de un gobierno, al igual que de una empresa, depende en alto grado de la calidad de los funcionarios seleccionados para acompañar a los gobernantes. Esto es un axioma de muchos años de antigüedad, a pesar que nuestros seudolíderes políticos solo buscan dar empleo a sus familiares y correligionarios más cercanos, sin importar si están calificados o no.
Según la historia, Confucio fue partidario del sistema de selección y formación de los mandarines. Aristóteles en la “Política” daba mucha importancia a la virtud cívica de quienes ocuparan las magistraturas, siendo que el gobierno y la administración no eran para todos; el Imán Alí (siglo VII d.C.) recomendaba a su gobernador seleccionar por mérito a los funcionarios del Estado.
Es decir, desde muchos años atrás se consideraba que el criterio para designar los empleados públicos debe basarse fundamentalmente en la capacidad, experiencia, la virtud o la excelencia de las personas. La meritocracia es un concepto que se contrapone usualmente a otros criterios para ocupar cargos públicos, como el amiguismo, la ambición, el clientelismo o la posición social. El sistema basado en méritos entraña un conjunto de valores e ideales muy compatibles con principios propios del Estado de derecho y la democracia moderna, tales como la igualdad, la legalidad, la transparencia y la racionalidad de la acción pública administrativa.
Obligatorio es reconocer que la burocracia es parte fundamental para el efectivo funcionamiento del sistema democrático solidario, ya que por su medio se ejecutan los planes de gobierno y las políticas públicas, que son el instrumento para que los gobiernos respondan a las necesidades del país y de la población. Esto es, si ese es el objetivo de un gobierno y no simplemente lucrarse y beneficiar a sus adeptos.
Sin embargo, en muchos países y no digamos en Honduras, los gobernantes se dejan guiar por el clientelismo, el amiguismo, la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencia, los sobornos y otros, como tiquetes de entrada a la administración pública, atentando contra la meritocracia, la calidad de desempeño, principios éticos y morales y el principio de igualdad de la ciudadanía.
Los gobiernos son parásitos que viven de los ingresos que le traslada el sector privado vía impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro y las personas naturales, independientemente de sus inclinaciones políticas o sea los liberales, nacionalistas, pinuistas, PSH y de Libre. Por lo tanto, es obligación del gobierno velar por todos los ciudadanos, no solo los de su partido.
El gobierno tiene la responsabilidad de crear un clima adecuado para la inversión, para así promover el crecimiento económico, el empleo productivo y el bienestar general de la población. Para que Honduras sea un país de esperanzas y dejemos de vivir de las remesas que nos envían los hondureños migrantes, los recursos públicos tienen que utilizarse para mejorar la competitividad, brindar educación, salud y seguridad de calidad, con la obligación de mejorar las condiciones de vida de todos los hondureños, no solo las de su grupúsculo.
