La legalidad es un principio del derecho que significa estar de conformidad con la ley, en referencia precisa a los poderes públicos. Los poderes del Estado y hasta la dependencia de menor jerarquía, como sus integrantes, deben enmarcar cada una de sus actuaciones dentro de la ley, no hay márgenes de discrecionalidad ni lugar a interpretaciones antojadizas.
El principio de legalidad es el que tutela la seguridad jurídica. Como uno de los cuatro pilares en que se sustenta el Estado de derecho, junto al imperio de la ley, la división de poderes y los derechos humanos, la legalidad existe para limitar los poderes públicos y garantizar los derechos de los ciudadanos.
De ahí que a través del tiempo se constituye en un valor, en una creencia apropiada por la ciudadanía que con la fuerza de su esencia normativa como la legitimidad otorgada por la costumbre, no admite cambios sino es precisamente sometida a la ley.
Después de casi 43 años como son los de nuestra Carta Magna, la normativa del Poder Legislativo ha determinado el requerimiento básico de ratificación de sus actas contentivas de los hechos y dichos en las sesiones de ese poder del Estado, la lectura y aprobación del acta anterior, es parte del proceso a cumplimentarse en el camino a la legalidad de cada una de las actuaciones parlamentarias.
La contravención a esa práctica es ilegalidad. La cual no cura ni el tiempo ni el espacio ni la voluntad de dirigentes autoritarios. La ilegalidad, como la impunidad y la corrupción, se acrece ante la indiferencia de los ciudadanos.
Hay que hacerles frente sin descanso. Cada ilícito y hasta el mínimo error de la administración pública debe ser señalado hasta ser evitado.
Es de confiar en que la presidenta Castro, aun en medio de su confusión, tendrá el buen tino de no sancionar el decreto de ingreso a la CAF, para evitar caer en la ilegalidad, tal como hiciera al prestar la promesa constitucional para su cargo ante una juez y no ante un dirigente legislativo de facto
