A diferencia de nuestro historial crediticio -ese que obra en la temida central de riesgos de la CNBS-, la pérdida de credibilidad en funcionarios e instituciones públicas no se resuelve poniéndose al día con las deudas y con un documento habilitante que declare entre líneas que ya no somos morosos.
Tampoco se resuelve renovando a las entidades su nombre, logo, eslogan y edificio, en medio de sendos discursos de buena voluntad de los nuevos jefes, cortes de cinta, brindis enjundiosos y amplia cobertura de medios periodísticos.
Hemos comentado que la desconfianza que campea en el país, además de ser generalizada, tiene antecedentes históricos y culturales que demandan de voluntad política y paciencia. Que los partidos políticos hoy mayoritarios reclamen para sí representación en los nuevos órganos que nacen en estos días a la vida constitucional, no es sino el resultado de haber tergiversado el espíritu de la última reforma en esta materia, que ya data de tres lustros. Los partidos tradicionales y el que jugaba el rol de bisagra entonces no solo depositaron la responsabilidad del nuevo ente electoral en cuatro reconocidos militantes de sus filas, sino que cuando debieron sustituirlos agravaron más el gazapo seleccionando a tres personas que conforme a la misma Ley Electoral no podían ocupar esas posiciones por ser diputados y regidor de sus respectivas organizaciones políticas.
Como ya se vio, será difícil -sino imposible- pedirle a los diputados que elijan bajo otros criterios que no sean la simpatía o militancia partidaria -en el pasado ya se intentó y no funcionó-, así que el énfasis debe ponerse en la idoneidad de las personas a las que se designará para los cargos, la cual debe fundamentarse en capacidades profesionales, trayectoria, conducta ética y otras cualidades que son de riguroso cumplimiento en cualquier proceso de selección de recursos humanos de alto nivel gerencial.
El modelo que se está perfilando en las reformas constitucionales ya se tuvo en el país. En otras naciones ha logrado sacar avante elecciones de margen estrecho (cuatro mil votos) y contextos polarizados (El Salvador, por ejemplo).
Baste ver las hojas de vida de sus titulares para reconocer en ellos personajes con respetable trayectoria y luego revisar la credibilidad de que gozan las instituciones que bien dirigen (ver Barómetro de las Américas del proyecto LAPOP) para darse cuenta que no es producto de casualidades sino de la aplicación a rajatabla de una fórmula que nunca falla: “Res non verba” (hechos y no palabras).
En el último proceso electoral, la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad estaba bien fundamentada y fue fácilmente potenciada como parte de las estrategias proselitistas. La impaciencia resultante desbordó calles y estalló, provocando ese odio entre vecinos, familias y amigos que todavía sufrimos.
Hay varias reformas por acometer, todas importantes, pero las indispensables que queremos y exigimos a los políticos son su voluntad de reconstruir nuestra confianza y su compromiso por la paz. Como sociedad demandamos hechos, no palabras.
