De las reformas electorales ya días se viene hablando y muy poco se ha avanzado, en la medida que se aprueban algunas acciones en esa línea, más frustraciones se generan en el grueso de la población.
Las pocas reformas que se han hecho, han dejado la idea que los políticos las están condicionando al reparto de los órganos electorales. Lo anterior lo confirma la forma como quedó integrada la llamada Unidad de Política Limpia, las tres fuerzas políticas con mayor caudal están representadas, otro tanto ocurrió con la integración del Registro Nacional de las Personas, una institución que, por su naturaleza, es decir, por las funciones que está obligada a cumplir, con mayor justificación debería estar integrada más con criterios técnicos que político partidario. Esta última institución, vital para la seguridad del Estado y de la población, va ir creciendo con los mismos vicios del pasado.
Después del golpe de Estado de 2009, por iniciativa del Ejecutivo se constituyó la Comisión de la Verdad, integrada por personas provenientes de diferentes sectores sociales. Dicha comisión emitió un informe final, mismo que hizo una serie de recomendaciones, entre las que destaca el interés por que los partidos políticos sean fortalecidos y modernizados a fin de cumplir su rol de mediación política entre la comunidad y el Estado, asegurando que la institucionalidad democrática sea eficiente, transparente y moderna. El documento final de la comisión advierte que los cambios electorales en el pasado no han sido suficientes para “cambiar hábitos fuertemente arraigados en la cultura y en el modelo político hondureño”.
Si no se quiere repetir la dolorosa historia del país en términos de gobernabilidad, se podría pensar que hay necesidad de reformas electorales sustantivas, pero, además, reformas políticas que observen transparencia en los representantes del pueblo ante el Congreso Nacional. No se puede entender cómo aquellos diputados que en este momento están siendo judicializados por actos que se han señalado como de corrupción sigan ejerciendo su función de representantes del pueblo, que un tema que parecía resuelto, como es la participación para la escogencia del Presidente de la República, del Presidente del Congreso, todavía no se haya resuelto definitivamente. Ya no se puede seguir con la práctica de recurrir a la Sala de lo Constitucional para habilitar, violando la ley, a ciudadanos para sus aspiraciones electorales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) en estos días ha hecho entrega a la junta directiva del Congreso Nacional la propuesta de reforma a la Ley Electoral. Falta leer y debatir sobre la propuesta. La impresión que se tiene es que, al ser una misión de un organismo regional como la OEA, la propuesta estará elaborada sobre la base de la información que diferentes actores le proporcionaron, principalmente los partidos políticos de la nación. La propuesta no superará los intereses y visión de los políticos que tenemos los hondureños. Una limitación, adicional, que tiene la propuesta, por cuestiones obvias, es que la misma no es vinculante.
