Aunque todavía ninguna Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) está interesada en establecer escuelas, institutos y universidades en los territorios que ocupan, ya que por ahora eso les acarrearía gastos innecesarios y hasta onerosos en los que posiblemente no están dispuestos a incurrir, no se puede desconocer que la Ley Orgánica de tal régimen especial les concede el derecho de fundar centros educativos de cualquier nivel, con planes de estudio, promoción académica y la estructura organizativa que mejor les convenga, en tanto dichas zonas gozan de completa autonomía.
No es que en esencia sea dañino que los inversionistas privados tengan derecho a constituir sus propios centros educativos, ya que en Honduras existen escuelas, institutos y universidades pertenecientes al sector privado que funcionan incluso mejor que las del sector público. Sin embargo, es necesario aclarar que todas esas instituciones educativas privadas están bajo el permiso, autorización y supervisión exclusiva tanto de la Secretaría de Educación como de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), porque la Constitución de la República así lo ordena.
Resultaba enteramente innecesario entonces, disponer como ya lo hace el Artículo 33 de la Ley Orgánica de las ZEDE, que las mismas “están autorizadas a establecer sus propios sistemas de educación, salud, seguridad social y promoción de la ciencia”, y mucho menos autorizarlas para que la normativa aplicable en todos esos casos sea regulada por dichos regímenes extraterritoriales.
La iniciativa de desnacionalizar todo lo concerniente a la educación nacional en las ZEDE contraviene lo estipulado en los artículos 160 y 157 de la Constitución de la República de Honduras, ya que en el primero se afirma que la UNAH “goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”, mientras el segundo consigna que el resto de los niveles de la educación “será autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Educación Pública”.
No creo que las ZEDE resultarían seriamente obstaculizadas, dejando que la Secretaría de Educación y la UNAH continuaran ejerciendo sus funciones exclusivas de organizar, dirigir y desarrollar la educación nacional, ya que tal actividad está muy lejos de su quehacer principal, consistente en generar utilidades y beneficios para sus inversionistas.
Desafortunadamente, al diseñar la Ley Orgánica de las ZEDE, predominó un desmedido afán de entregar la soberanía nacional en manos de unas pocas personas nacionales y extranjeras, en una clara acción antipatriótica y lesiva a nuestra Carta Magna, porque lo que interesaba era construir un pequeño feudo autónomo en el territorio nacional, del cual se han apropiado ilegalmente.
