Como una novedad ha sido calificada la última postura de la Iglesia Católica en torno a la crisis política que vive el país.
Mediante un comunicado, las autoridades de la Iglesia Católica afirman que “este impasse debe verse como una manera de fortalecer la ley, sus instituciones, avanzar en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y lograr detener el empobrecimiento de una gran mayoría de la población”. (EL HERALDO 21/12/2017).
Después del golpe de Estado del 2009, el último documento de los católicos hondureños es probablemente el más contundente en torno al señalamiento de propuestas como temas de debate para el diálogo convocado por el Ejecutivo en estos momentos.
Resueltamente hablan los religiosos de la grey católica de la necesidad de que para llegar a un pacto social deben considerarse todos los caminos posibles para devolverle a la Constitución de la República su condición de ley superior de la nación y sin tapujos hablan de que para llegar a este objetivo se puede lograr reformando la Constitución por el camino de la Asamblea Nacional Constituyente.
Una declaración que, de materializarse, deberá considerar que la misma tiene que ser inclusiva, ningún grupo por sí solo tiene la posibilidad de hacer una propuesta de aplicar una nueva normativa jurídica sin participación de todos los grupos económicos y sociales, hacerlo de otra manera sería seguir atizando una crisis permanente en el país.
Un tema debatido y sin lugar a dudas el que mayor suspicacia ha generado en los grupos económicos y sociales organizados del país, el de la Asamblea Nacional Constituyente, es visto como una de las avenidas por las cuales podría transitar la salida a la crisis, aunque desde luego, la crisis del país tiene raíces más profundas que tienen que ver con el modelo de desarrollo impuesto por los grupos de poder, el hecho de reconocer la necesidad -por los religiosos- de una constituyente es un paso de avanzada, nada despreciable.
Sin lugar a dudas, que cuando la Iglesia habla del poder constituyente está hablando de una Asamblea Nacional inclusiva, donde quepan todos los sectores de la sociedad hondureña. No se puede hablar de un nuevo pacto social si el mismo no cuenta con una propuesta donde sectores con intereses diferentes no se sientan representados.
Sin dejar de criticar al gobierno, los católicos, a través de su documento, señalan que los cuerpos de seguridad nacional del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de las armas y de la fuerza.
En una dirección contraria reiteran la necesidad de exigir a todas las fuerzas políticas que cese cualquier tipo de llamado a acciones no pacíficas para que se recuperen las mínimas condiciones de normalidad y el derecho a la libre circulación.
Las propuestas hechas por la Iglesia pueden dar origen a un diálogo que, fortaleciendo la institucionalidad, evite en el futuro aspectos como la cuarta urna, golpe de Estado, reelección y la presencia de políticos improvisados que cada cuatro años nos estén llevando a una crisis política