Según el informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021, “los ingresos tributarios totales en 18 países de la región disminuyeron un 11.2 por ciento en promedio en 2020 en comparación con el año anterior”. Esta caída en la recaudación fiscal es atribuible al impacto del covid-19 en las economías latinoamericanas, lo cual en Honduras se vio agravado por la destrucción causada por los huracanes Eta y Iota hacia finales del año pasado.
De acuerdo con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), en el 2020 la tributación disminuyó un 23%, el doble del promedio de la región, lo cual implica que en Honduras apenas se obtuvieron 84 mil millones de los 109 mil millones esperados. Para el 2021, la SAR ha proyectado captar 105,932 millones, de los cuales 96.4 mil millones corresponden a ingresos tributarios; sin embargo, todo parece indicar que no podrán alcanzarse los montos de recaudaciones programadas, porque la economía continúa en severa crisis.
Ante la insuficiencia de ingresos, las autoridades fiscales se han visto obligadas a incrementar el endeudamiento interno y externo, de tal manera que la deuda pública total del gobierno central en relación con el Producto Interno Bruto del país, según el Icefi, ya ronda por el orden del 62%. Esta cifra no incorpora las recientes contrataciones de nuevos préstamos concedidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mismos que ascienden a US$ 230.7 millones.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), “los países ampliaron los programas de protección social, brindaron apoyo directo a las empresas, aplazaron el pago de impuestos y establecieron programas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas”. La emergencia provocó que algunas de esas medidas se adoptaron, teniendo que financiarlas con una mayor deuda.
El acelerado endeudamiento del país ha desatado la alarma entre los analistas nacionales, algunos de los cuales incluso se atreven a pronosticar que para solventar la situación, el nuevo gobierno que asuma en enero de 2022 se verá forzado a decretar un aumento de tributos draconiano, que podría implicar elevar en cinco puntos porcentuales la carga sobre ventas y en por lo menos tres puntos el gravamen sobre la renta, sin descartar que también se puede incrementar el impuesto a los combustibles.
Lo que hará el nuevo gobierno todavía no está nada claro, pero lo que sí es previsible es que el actual régimen no se atreverá a decretar ningún tipo de aumento de impuestos, ya que ello pondría en peligro el triunfo del partido gobernante en las elecciones del próximo mes de noviembre.
