lgo poco común está pasando en nuestra cultura social y política, porque en lugar de verter una opinión sin la debida reflexión y pensamiento, reconocidas personalidades con amplia experiencia en la administración de finanzas públicas, desde el Banco Central, la Secretaría de Finanzas y la Dirección de Ingresos (DEI); además de expresidentes del Colegio de Economistas y empresarios, de diferentes sectores políticos, integraron el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF), para proponer un PACTO FISCAL bien elaborado, con la participación de un exministro de Finanzas Públicas de Guatemala y el patrocinio de la CEPAL y reconocidos organismos de la cooperación internacional.
“Al hacerlo, nos mueve el propósito de poner a disposición un documento que sirva de referencia y estímulo a otros… motivando al señor presidente de la República para que convoque a un Diálogo Nacional que culmine en un Pacto Fiscal…”. Así lo dicen en el documento que está siendo entregado ahora en marzo del 2016.
Días antes el gobierno ordenó la intervención militar y cierre de la DEI, sustituida por una comisión integrada por personas que causan más dudas que confianza; pareciera que esa es la respuesta premeditada de un gobierno de facto, cerrado al diálogo, sin haber leído siquiera la propuesta del PACTO FISCAL; un gobierno de gente impulsiva que no piensa para actuar y agresiva porque usa -sin necesidad- la fuerza de la intervención militar para cerrar la DEI, sustituyéndola con una comisión de personas que causan más dudas que confianza.
Estamos seguros que ni siquiera han leído la propuesta para un PACTO FISCAL, necesario porque todos estamos en el mismo barco que se está hundiendo por falta de un buen capitán y peores marinos.
El pueblo hondureño tiene derecho a conocer todo lo que significa el PACTO FISCAL, razón por la que los medios deben recoger la propuesta y deben abrirse foros populares, de modo que si es necesario debe hacerse del PACTO una plataforma de oposición política contra la reelección de los incapaces que han llegado a ser funcionarios y empleados, por la falta de aplicación de la Ley de Servicio Civil.
Los encomiables ciudadanos citan a Martín, Mehrotra y Prassad (2009): “La política fiscal supone una institucionalización de quienes pagan por los beneficios y quienes los disfrutan. Los impuestos formalizan nuestras obligaciones con los demás; definen las desigualdades que aceptamos y las que colectivamente intentamos corregir. Expresar quien es miembro de nuestra comunidad política, que tan amplio dibujamos el círculo de lo que consideramos un “nosotros”. Establecen los límites de lo que nuestros Gobiernos tienen permitido hacer. En el mundo moderno, la política fiscal es el contrato social”.
Como la cabra siempre tira al monte, al gobierno actual le estorban esos límites a su poder arbitrario.
El GPDF busca solucionar “la problemática fiscal actual y propone convocar a todos los sectores -privado, laboral, sociedad civil- para socializar un pacto fiscal”, porque hay que “equilibrar las finanzas públicas, mantener el equilibrio macroeconómico, promover el desarrollo económico y sustentable del país -especialmente con miras a reducir la pobreza-, y asegurar la sostenibilidad de algunos avances recientes, como la reducción del déficit fiscal” y su continuidad.
El PACTO FISCAL obliga a todas las partes “sobre el monto, origen y destino, de los recursos que requiere el Estado, sujeto a transparencia y rendición de cuentas”, superando la desconfianza en él, sustituyéndola por el “Círculo virtuoso entre impuestos y calidad de la gestión pública”
