Así resumió el creciente rechazo generalizado a las ZEDE el economista Claudio Salgado.
Justamente se culmina esta entrega del territorio y la soberanía el 2021, en el bicentenario de nuestra emancipación política.
No solo se han violado diversos artículos constitucionales, también, igualmente el Convenio 169 de la OIT relativo a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que provocó la declaración de Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh: “El territorio nos pertenece a todo el pueblo, no es propiedad de una familia y de amigos que están repartiendo el país...” (EL HERALDO, 7 junio 2021, p. 4).
Cabe recordar al respecto una cláusula del Acta de Independencia Absoluta (1823): “Que las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna”.
El estudio más completo hasta ahora elaborado se debe al jurista Fernando García Rodríguez, “Ciudades Burbuja: análisis político-jurídico de la legislación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras”, publicado por la Fundación Friedrich Ebert (2018).
Cita a Paul Romer, promotor de esta idea, hoy desnaturalizada, cuando se retiró y abandonó el país: “Las condiciones no han existido para permitir que la Comisión de Transparencia pueda desempeñar el papel previsto para este proyecto... y, por el rechazo generalizado de la ciudadanía por los conflictos, particularmente jurídicos en materia de soberanía y gobierno y otros elementos de carácter político, económico y social” (p. 23).
Se está amputando a Honduras, renaciendo los enclaves con iguales o mayores privilegios y dispensas fiscales que el minero y bananero.
Al unísono, corporaciones municipales, Colegio de Abogados, organizaciones empresariales, ambientalistas, etnias, públicamente expresan su total condena a esta antipatriótica iniciativa, iniciada con la reforma a la Constitución vigente, por Decreto Legislativo del 19 de enero de 2011, que hoy culmina con la ampliación de adicionales exenciones tributarias.
Las y los diputados que, por órdenes del Ejecutivo, han aprobado tales decretos entreguistas, merecen repudio ciudadano, al igual que quienes, directa o indirectamente, justifican las diversas violaciones a la soberanía, al honor y dignidad de la República.
La Historia no los absolverá: han cometido, a sabiendas, delito de traición a la Patria, imprescriptible.
