El Congreso Nacional acaba de aprobar un decreto declarando una emergencia fiscal y financiera, la cual tiene como propósito permitir que el Ejecutivo pueda tener acceso a financiamiento adicional para resolver problemas de liquidez, supuestamente heredados del gobierno anterior.
El presupuesto de la administración central aprobado originalmente por el Congreso Nacional contempla un incremento de 9.5% en relación con el aprobado para el año 2021 y un déficit fiscal de 4.0% versus 7.2% en 2021, fundamentado en un crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto de 3.5% para 2022 versus 4.7% para 2021.
Dentro del presupuesto de gastos, el Servicio de la Deuda representa un 29.4%, mientras que el ingreso por nueva deuda representa un 29.0%. La columna vertebral de los ingresos son los ingresos tributarios, que representan el 66.1%.
Es de esperar que el nuevo gobierno revise el presupuesto aprobado para validar tanto las proyecciones de ingresos como de gastos y al mismo tiempo, adaptarlo a sus prioridades y promesas de campaña. Obviamente que un tema vital es tener un panorama claro, por el lado del gasto y del servicio de la deuda y sus vencimientos, así como validar la proyección de ingresos, incluyendo nuevos financiamientos, para entonces definir las acciones que son necesarias.
Afortunadamente, la Secretaria de Finanzas cuenta con técnicos competentes y familiarizados con el presupuesto original y, por lo tanto, los análisis respectivos se pueden hacer en un tiempo relativamente razonable.Según el decreto mencionado, el Ejecutivo está autorizado a buscar nuevos recursos del orden de dos mil millones de dólares para hacer frente a un problema de liquidez y a próximos vencimientos de bonos soberanos.
Según declaraciones de funcionarios, el gobierno hará uso de recursos del Fondo Monetario Internacional bajo la facilidad de Derechos Especiales del Giro (DEG) por el orden de US$335 millones a cinco años plazo y financiamiento del Banco Central de Honduras para variaciones estacionales en los ingresos y en este caso, este financiamiento deberá ser pagado dentro del mismo periodo fiscal.
Los DEG representan un activo de reserva internacional que se asigna a los países miembros del FMI de acuerdo con su cuota de acciones en dicho organismo.
Debido a la emergencia por la pandemia del covid el FMI autorizó el uso de aproximadamente 650 mil millones de DEG a los países miembros, dentro de los cuales a Honduras le correspondió aproximadamente 330 millones, que fueron desembolsados al Banco Central de Honduras para fortalecer las reservas internacionales o extrapresupuestario debido a la caída de ingresos.
Esperemos que el financiamiento autorizado por el Congreso se utilice fundamentalmente para cubrir el servicio de la deuda, porque si se usa para incrementar el de por sí ya elevado gasto corriente del gobierno se podrían desatar presiones tanto inflacionarias, adicionales a las que ya se están experimentando, como una mayor devaluación del lempira, creando cierta desconfianza por parte de algunos sectores importantes para lograr acelerar a actividad económica y la generación de empleo, mediante la inversión productiva. Es tiempo de actuar y hay que dejarse de retóricas populistas y lamentos.
