El expresidente Juan Orlando Hernández no llegó a amasar poder, fortuna e impunidad por sí mismo. Detrás del político participó una red de familiares y amistades, una estructura partidaria, una élite de apoyo y un aparato estatal a su disposición, a través del presupuesto, instituciones públicas, entrega de servicios públicos, programas asistenciales, la aplicación selectiva de justicia y el uso discrecional de la fuerza pública.
Una de las preguntas que debemos hacernos es si la extradición del expresidente Hernández manda un mensaje a la clase política hondureña para que corrija su conducta, especialmente cuando se trata de llegar al poder y mantenerse en el poder.
Expertos en cambio institucional como James Mahoney argumentan que los políticos únicamente modifican sus comportamientos a través del aprendizaje o la presión externa, pero generalmente son muy reacios al cambio porque siempre hay un grupo dominante que se beneficia de las mismas reglas del juego, al grado que las defienden a toda costa a pesar del daño que pueda ocasionar a la sociedad. Un buen ejemplo fue la reacción anti-Maccih que hubo del poder dominante del momento.
Extrapolando lo que plantea Mahoney al contexto actual, la manera cómo el Partido Nacional (PN) perdió las elecciones a través de un abrumador voto de castigo, sin duda, dejó un aprendizaje en esa organización política. Asimismo, la solicitud de extradición que se presentó el mismo día de la toma de posesión del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya fue un shock mediático.
Pero lo que observo de estos dos sucesos es que no están teniendo efectos en la cultura política del país. Muestra de ello es que ningún partido político está proponiendo revisar sus estatus internos para ser más rigurosos e incorporar candidatos limpios a sus planillas, tampoco se está hablando de fortalecer la Ley de Política Limpia o darle más dientes de investigación y sanción a la Unidad de Política Limpia.
Si bien se está haciendo un intento por desmontar los pactos de impunidad derogando leyes como la “Ley de secretos”, estos esfuerzos están enfocados en permitir que fiscales puedan investigar asuntos del pasado cometidos por gobiernos nacionalistas.
Lo mismo se puede decir de la intención de instalar una comisión internacional anticorrupción que en el mejor de los casos estará operando para mediados de 2023.Espero estar equivocado, pero no creo que la conducta de la clase política hondureña vaya a cambiar después de la extradición de Juan Orlando Hernández, al menos que en el juicio del expresidente se presente acusaciones sobre la participación de líderes de otros partidos políticos.
En fin, mientras no haya un aprendizaje de la clase política y presión externa, no se producirá el cambio sistémico que modifique las viejas prácticas de hacer política en Honduras.
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