En una página virtual de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual como nación somos parte, se destacan como componentes de una democracia consolidada, entre otros, los siguientes: el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la libertad de asociación, la libertad de expresión y opinión, la libertad de acceder al poder para ejercerlo en legalidad, la garantía del voto universal y secreto y con ello elecciones justas, libres y periódicas, la seguridad de contar con un sistema plural y consistente de partidos y de organizaciones políticas, un poder judicial independiente, un poder legislativo y uno ejecutivo, igualmente independientes.
Asimismo, la transparencia como característica indispensable del servicio público y del ejercicio ciudadano y unos medios de comunicación, como espacios de libertad plena, independientes y pluralistas. Y otros más, con los que constituyen los cuatro pilares en los que descansa un Estado de derecho, columna vertebral de la democracia: imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad de la administración pública y el respeto a los derechos humanos. Todo lo anterior plasmado claramente en la Constitución de la República que nos rige y la cual defendemos como cohesionante de nuestras aspiraciones, derechos y deberes.
Pero tantas buenas disposiciones en vez de fortalecerse, los dirigentes las vuelven cada día más frágiles. De ahí que una lucha que debió ser superada hace 40 años, hoy deba ser arreciada, no solo para consolidar la democracia sino para preservarla. Cuando Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en nuestro país, acompaña a la valiente Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, solo cumple con su deber. E interpreta el sentir de la mayor parte de la hondureñidad.
Miembros muy asustados del gobierno no tendrían por qué estarlo. Solo es asunto de portarse bien, cumplir con sus deberes y respetar los derechos humanos y libertades públicas de todos nosotros, el pueblo.
