Cada 30 de agosto, Honduras evoca y reflexiona respecto de los compatriotas que han sido capturados sin orden judicial y cuyo paradero, hasta hoy, es incierto. Las causales actualmente incluyen acciones debidas al tráfico de personas con fines sexuales, al narcotráfico y venganzas personales. Aquí nos limitaremos a las provocadas por consideraciones políticas.
Durante el reinado de terror implementado por la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional a partir de la gestión presidencial de Suazo Córdova (1982-1986), cuando el general Álvarez Martínez fue el arquitecto de su implementación, el informe presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, con el título “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993”, se documentaron 179 casos de desaparición.
La represión desatada a partir de las protestas colectivas a raíz del golpe de Estado del 2009 provocó, de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, titulado “Para que los hechos no se repitan”, “agentes del Estado de Honduras violaron el derecho a la vida de 20 personas, de las cuales 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente mediante el uso desproporcionado de la fuerza y ocho por asesinatos selectivos durante el período del 28 de junio de 2009 al 27 de enero de 2010...”.
Con posterioridad a las elecciones de noviembre de 2017 y el rechazo al resultado final por parte de sectores poblacionales opositores, “al menos 23 personas habían muerto en el contexto de las protestas poselectorales... al menos 16 personas, entre ellas dos niños y dos mujeres, murieron como consecuencia del impacto de balas durante la dispersión de las protestas o las subsiguientes operaciones de persecución por las fuerzas de seguridad...”, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intitulado “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”.
Entre el 1 y el 5 de diciembre de 2017, “por lo menos 1,351 personas fueron detenidas por violar el régimen de suspensión de garantías establecido por decreto por un total de 16 días...”, en investigación llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intitulada “Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras”.
Defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios y líderes ambientalistas también han sufrido los embates represivos. Tres casos recientes son especificados aquí: Donatilo Jiménez, desaparecido del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), el 8 de abril del 2015, ignorándose hasta la fecha si se encuentra vivo o muerto; Reynaldo Cruz Palma, desaparecido el 30 de agosto de 2011, era presidente del Patronato de la Colonia Ciudad Planeta, San Pedro Sula; el obrero Manuel de Jesús Bautista Salvador desapareció en Naco, Cortés, luego de la crisis poselectoral.
Sus familiares, sumidos en la incertidumbre, reclaman conocer su condición y estado actual. No puede seguir prevaleciendo la impunidad.
