El lunes 4 del presente se publicó en este rotativo información sobre el asesinato del general González Irías, que pone al descubierto la motivación, la planificación de operativos y los autores intelectuales y materiales del crimen del zar antidrogas, ocurrido el 8 de diciembre de 2009 en una operación que la documentación le atribuye a la cúpula y mandos intermedios de la Policía.
Parte de la información proporcionada -salvo interioridades propias del proceso investigativo- eran vox populi a nivel de conjeturas en los estamentos de la sociedad hondureña, ahora tales hechos quedan evidenciados mediante esta publicación y las declaraciones de personajes que en su oportunidad conocieron muy de cerca este suceso.
Con esta noticia y las que siguieron en el transcurso de la semana se multiplicaron las presunciones, sobre todo lo referente al modus operandi del atentado al general Gonzalez, mismo que se presenta en otros asesinatos emblemáticos acontecidos después del 2009, como los del exasesor de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ingeniero Alfredo Landaverde, y del “fiscal de oro”, abogado Orlan Chávez. En ocasión de estos lamentables hechos, familiares y amistades solicitaron una investigación y la aplicación de justicia, reclamo que fue siempre desestimado; sin embargo, hay situaciones que por su transcendencia siempre les llega su tiempo, no importando si las motivaciones que lo provocan tengan que ver con el factor original de ocurrencia.
La reacción inmediata de las partes señaladas como autores de estos acontecimientos ha sido negar enfáticamente su participación en los mismos y el desconocimiento del informe; la sociedad, por su parte, ha efectuado sus propias conclusiones sobre lo acontecido exigiendo que se castigue a los culpables, el desenlace final hasta los momentos es la aprobación de un decreto de emergencia para depurar la Policía, con lo cual se cae en el resabio de querer solucionar los asuntos de interés nacional vía decreto.
La ejecución de cualquier decreto no tendrá resultados satisfactorios si no existe una “real” voluntad política para hacer las cosas tal como procede, voluntad política que debió observarse desde que se tuvo conocimiento de estos hechos, es decir desde el 2009, año del golpe de Estado, porque es casi imposible que las altas esferas gubernamentales de aquellos tiempos no hayan tenido conocimiento de lo enunciado en el informe, dados los filtros tanto formales como informales que existen en estos casos; entonces procedía la acción inmediata de oficio, pero se prefirió llamarse al silencio cómplice. Imagínense todo lo que los familiares han sufrido en estos años exigiendo castigo y lo que el país pudo ahorrarse cuando se incurrió en gastos creando un ente para hacer la tan publicitada depuración policial sin resultados hasta ahora tangibles.
El pueblo se ha planteado severas dudas sobre lo que ahora se anuncia realizar, tal actitud no es de extrañar, más bien debe ser comprensible, y no es que esa posición de la ciudadanía sea un hecho antojadizo ni mucho menos inconsecuente, sino que a eso nos tiene acostumbrado la clase política nacional con sus continuos actos de engaño, propiciando crear en la sociedad la cultura de la duda; pero el pueblo en su nobleza y comprendiendo la necesidad de la depuración está anuente por enésima vez a otorgar el beneficio de la duda, esperando que la comisión que contempla el decreto instalar cumpla su cometido a cabalidad. Ojalá que en esta oportunidad, los resultados sean los deseados y se logre depurar no solo al sector policial, sino a todos los que por acción, omisión y colusión resulten culpables, sin que por ello implique descuidar todo lo que está pendiente y en agenda de proceso de aplicación de justicia en los entes encargados de impartirla.
*Excatedrático universitario
