La criatura de la “nueva corte”, nacida de un parto anormal desde la función legislativa en el Congreso Nacional, apenas cumplido su primer año, sacó las uñas, al romper el orden de precedencia en la rotación de las salas que componen a la Corte Suprema de Justicia y que representan en nombre del clientelismo político.
Un rumor viejo corría por los pasillos, la corte y los mismos magistrados, ligados al poder, salieron al paso para negarlo en nombre de la ley y todos sus santos, argumentando era una situación imposible, ya que se contradeciría con la alteración en el respeto del orden de precedencia tal y como lo dispone el Reglamento Interior de la Suprema Corte. Crónica de un golpe a la Sala de lo Constitucional, anunciado, planificado y ejecutado con el aparato ilegal en el pleno de magistrados de la CSJ, con la intención metódica de intereses oscuros detrás de la ruptura del orden de precedencia en la rotación de las salas. Intereses difusos que encubren designios que no quieren en la Sala de lo Constitucional, tanto así que se oponen a que no asuma un magistrado que se considera de la oposición política, que no sea piedra en el camino de los poderes absolutos que conducen a dictaduras, exactas como las que tanto odiaron en el pasado cercano de estas honduras sin ley y sin constitución. Tampoco hay un Congreso serio que tenga la solvencia moral para interpretar este golpe, que no es más que un mecanismo, a través del cual se ha politizado la justicia, designando jueces obedientes y no deliberantes de los poderes políticos. Jueces seleccionados con base en su afinidad ideológica con el partido de gobierno, para endosar sus decisiones influenciadas por intereses políticos y no por la ley. Y el que no esté de acuerdo, lo espera la presión política. Una presión sistemática, a través de amenazas, intimidaciones y coacciones, detrás de campañas mediáticas en la creación de un clima hostil para aquellos jueces que no se ajustan a la línea oficial. Este golpe judicial tiene un impacto directo y certero en el Estado de derecho y la democracia enlodada de dictadorzuelos encumbrados por tinterillos bajo la diosa Temis, que expira entre la corrupción y la impunidad, erosionando cualquier asomo de democracia en este país, donde la política impregna hasta los rincones más íntimos de la vida pública. La Corte de Justicia olvidó su función primordial, impartir y administrar justicia, que hoy se torna aún más crucial en tiempos turbulentos, donde la verdad se diluye en la niebla de la ideología y la justicia se ve amenazada por las agendas partidistas. Es imperativo que la Corte se mantenga al margen de las luchas de poder. Que se mantenga frente a la justicia, con su venda imparcial y su balanza equilibrada, como lo creyeron al asumir su cargo, jurando defender la Constitución y las leyes, dejando de lado sus propias inclinaciones políticas, porque, en la balanza de este golpe, pesa más la obediencia del caudillo que les consagró el cargo. Este golpe profundiza más el deterioro en el que se encuentra el Poder Judicial desde hace muchos años, una situación decadente, de desprestigio y desconfianza, con la imagen de estar convertido en un instrumento de tiranía política, corrupción e impunidad, que actúa al margen de la ley. Una corte diseñada para proteger redes de tráfico de influencias y favores entre jueces, fiscales, políticos y empresarios; una crisis institucional que viene arrastrándose desde hace décadas. Esta falta de credibilidad y legitimidad del Poder Judicial genera total inseguridad jurídica entre los inversionistas, que ven cómo sus derechos y sus intereses son vulnerados por decisiones arbitrarias e influenciadas por intereses espurios.
La crónica de este golpe anunciado es solo la antesala jurídica para la constituyente que tendrá supremos poderes, y quizá un par de jueces que legitimen el mal parto de esta dictadura, gemela de la anterior.
