Al examinar las opiniones mediante las cuales se aborda la crisis legislativa que actualmente se vive en nuestro país, destacan especialmente tres grandes sendas de interpretación de la misma, que intentaré resumir en las líneas siguientes.
En primer lugar, están los que estiman que el pasado 28 de noviembre, el pueblo dio un mandato claro para expulsar del poder a la corrupción y el narcotráfico imperante, por lo cual no se puede permitir que un montón de egos descontrolados se apoderen del mismo, mediante la maniobra de mantener dos juntas directivas en el Congreso Nacional, cuya confrontación debe resolverse recurriendo a la movilización popular.
En segundo lugar, están los que piensan que debe prevalecer una valiosa separación de poderes del Estado, ya que ello constituye una garantía para que la endeble democracia logre fortalecerse y llevarnos a una verdadera consolidación institucional. Quienes sostienen este criterio, incluso opinan que es deseable un Poder Legislativo radicalmente opuesto al Poder Ejecutivo, como una forma de evitar excesos y para lograr que no se abandonen los verdaderos intereses de la ciudadanía.
La tercera interpretación es más sesuda, ya que atribuye la crisis legislativa a varias causas pasadas y recientes, y considera que la misma es impulsada por una élite cuyos objetivos son: a) paralizar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico; b) generar una crisis de gobernabilidad hasta llegar a un juicio político para destituir a la presidenta electa; y, c) impedir que se afiance un proyecto de cambio en un contexto de transición democrática.
Lo delicado de esas tres interpretaciones de la crisis legislativa consiste en que ninguna ofrece una clara alternativa de salida a la misma, condenando a la ciudadanía, ya sea a salir a las calles y tratar de imponer una solución, o bien, aceptar como buena la confrontación de poderes del Estado, y finalmente, tener que renunciar a cualquier aspiración de profundización de la democracia y de ver satisfechas las aspiraciones de vivir en un país con una sólida institucionalidad.
Soy de la opinión que es urgente que la unidad del Partido Libre se reconstruya, o en su propio lenguaje, que logren “refundar” la alianza sin romper los huevos de la canasta, para no darle lugar a una realidad más catastrófica.
En primer lugar, están los que estiman que el pasado 28 de noviembre, el pueblo dio un mandato claro para expulsar del poder a la corrupción y el narcotráfico imperante, por lo cual no se puede permitir que un montón de egos descontrolados se apoderen del mismo, mediante la maniobra de mantener dos juntas directivas en el Congreso Nacional, cuya confrontación debe resolverse recurriendo a la movilización popular.
En segundo lugar, están los que piensan que debe prevalecer una valiosa separación de poderes del Estado, ya que ello constituye una garantía para que la endeble democracia logre fortalecerse y llevarnos a una verdadera consolidación institucional. Quienes sostienen este criterio, incluso opinan que es deseable un Poder Legislativo radicalmente opuesto al Poder Ejecutivo, como una forma de evitar excesos y para lograr que no se abandonen los verdaderos intereses de la ciudadanía.
La tercera interpretación es más sesuda, ya que atribuye la crisis legislativa a varias causas pasadas y recientes, y considera que la misma es impulsada por una élite cuyos objetivos son: a) paralizar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico; b) generar una crisis de gobernabilidad hasta llegar a un juicio político para destituir a la presidenta electa; y, c) impedir que se afiance un proyecto de cambio en un contexto de transición democrática.
Lo delicado de esas tres interpretaciones de la crisis legislativa consiste en que ninguna ofrece una clara alternativa de salida a la misma, condenando a la ciudadanía, ya sea a salir a las calles y tratar de imponer una solución, o bien, aceptar como buena la confrontación de poderes del Estado, y finalmente, tener que renunciar a cualquier aspiración de profundización de la democracia y de ver satisfechas las aspiraciones de vivir en un país con una sólida institucionalidad.
Soy de la opinión que es urgente que la unidad del Partido Libre se reconstruya, o en su propio lenguaje, que logren “refundar” la alianza sin romper los huevos de la canasta, para no darle lugar a una realidad más catastrófica.
