El Congreso, para referirnos al Poder Legislativo en forma cercana como mandantes hacia sus mandatarios, órgano colegiado formado para legislar, controlar, deliberar y representar al pueblo. Representar, importante función, la más ignorada, se espera la ejerzan con diligencia y es de la que hay menos conciencia.
No se percibe tal representación, en la que el sentido de urgencia, el espíritu de cuerpo, la eficacia y la responsabilidad se amalgamen. Mucho es tamizado por el interés particular. El quehacer comprometido de algunos miembros es excepción y esta, a veces, inconstante.
Pero las expectativas de la ciudadanía siempre son las mismas, muy altas. Porque las diputadas y los diputados son representantes del pueblo, y, como tales, debieran realizar sus funciones en el mejor interés de sus representados.
De derecho, tal lo prescrito en nuestra Carta Magna, el gobierno de Honduras lo ejercen los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “complementarios e independientes sin relaciones de subordinación”, pero de hecho la multiplicidad de funciones asignadas por el poder constituyente al poder constituido, el Congreso, le elevan a la posición efectiva de primer poder del Estado.
Más que por los actos realizados, por el potencial organizativo, contralor y benefactor que le permitiría transformar nuestro país y, por ende, convertirlo en un real Estado de bienestar. Por suerte no han sido mentes perversas las que lo han dirigido, pero sí sin la determinación de desplegar todo ese potencial en favor de la hondureñidad.
El Congreso atraviesa una crisis de la que debe salir apegándose a la legalidad. Estamos obligados a promover el correcto ejercicio parlamentario. La idoneidad de algunas diputaciones es insuficiente para alcanzar la del Congreso. Mandantes y mandatarios debemos comprometernos con la dignificación del Congreso.
Para que el primer poder del Estado cumpla con las funciones para las que se creó y la ciudadanía sea favorecida.
