Estos días varias personas me comentaron que están desencantadas por el comportamiento de los políticos en Honduras. Esta valoración no es nueva, sin embargo para muchos las esperanzas de un nuevo gobierno que rompiera con ciertas tradiciones de corrupción parece que se están esfumando de forma acelerada.
En el Congreso Nacional, la ley sobre la Junta Nominadora de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia recibió un amplio rechazo porque da la impresión que se confeccionó a la medida para beneficiar a ciertas personas, cercanas al gobierno, para llegar al próximo Poder Judicial.
Ahora, tenemos otra vez el riesgo de que el trabajo de la Junta Nominadora sea, como en ocasiones anteriores, un simple formalismo que da una apariencia de honestidad e independencia pero que en el fondo sean las presiones políticas y económicas las que escojan y confeccionen una Corte Suprema implacable en lo accidental pero ciega, sorda y muda en lo esencial.
Por otra parte, algunos políticos mencionados en la Lista Engel de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción dejan en evidencia el compromiso del gobierno para combatir de forma real el talón de Aquiles de los políticos en Honduras. Los implicados son juez y parte y hasta cierto punto es natural que descalifiquen los señalamientos.
Sería una muestra de honestidad y decencia del partido político al que pertenecen que les solicitaran a estos ciudadanos dejar de lado sus cargos y se presenten de forma voluntaria a las autoridades hondureñas para desvanecer los señalamientos de los que son objeto. Se trataría simplemente de aplicar a sí mismos las exigencias que hicieron al gobierno pasado y que algunos mencionan con orgullo que “defendieron durante doce años en las calles”.
Una de las manchas de la actual administración es precisamente los beneficios de algunos allegados con la ley de amnistía y por otra parte con el llamativo nepotismo contratando a parientes de la familia presidencial en diferentes cargos del gobierno. Pareciera que no se logra entender que el argumento de que “los doce años de narcodictadura no se desmontan en solo unos meses” se queda sin valor alguno cuando se continúan las prácticas que tanto se criticaron.
Las encuestas de opinión sobre la aprobación de la presidente Xiomara Castro por ahora la favorecen. Sin embargo, el tiempo corre y las consecuencias de las acciones actuales no se dejarán esperar. Se cosecha lo que se siembra. La situación de pobreza generalizada y de calamidad social requiere medidas económicas, pero en primer lugar hace falta un mayor compromiso, desde mi punto de vista, con la ética.
Caso contrario, al perder la autoridad moral les llevará al desgaste político, que solo dejaría espacio de acción a los que no actúan conforme a la ley. Como dice un conocido autor de ética, las consecuencias son nefastas: “Como consecuencia, el ánimo de los ciudadanos se envilece, la función empresarial se inhibe y aumenta el desinterés por contribuir al bien común con la propia iniciativa y creatividad, de modo que las instituciones se hacen cada vez más ineficientes y esclerotizadas. Solo queda en pie la ambición de un enriquecimiento veloz y sin esfuerzo, que se traduce en mil formas de corrupción”.
Los retos del actual gobierno son muchos: económicos, políticos y sociales. Pero sobre todo demostrar con hechos su compromiso de combate a la corrupción.
