La Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional Anticorrupción (SNA) protagonizan serias acusaciones respecto de injerencias e ineficiencia en casos de corrupción que se han denunciado sobre presuntos sobreprecios en contratos de compras de equipos e insumos de uso médico.
La fiscal general sostiene que la intervención de la SNA ha afectado procesos investigativos y, mediante oficio enviado al Ejecutivo, pide analizar si es beneficioso para el país financiar a esta institución adscrita a la Presidencia, cuyas atribuciones están determinadas e implementadas por la Fiscalía General del Estado como única titular de la acción penal.
