A diciembre de 2025, el saldo de la deuda de la administración central alcanzó los US$17,969.4 millones. Redondeando esa cifra para recordarla, decimos que se llegó a los US$18 millardos. Esa es la “herencia” dejada por la administración Castro de Zelaya. Esta última, a su vez, había recibido el fisco con un saldo de US$15,700 millones, o sea US$15.7 millardos. En otras palabras, en el período 2022-2025 el crecimiento neto fue de US$2.3 millardos a pesar de que fue en esos años que se pagaron las mayores cantidades históricas de deuda, tanto externa como interna. Estaremos atentos a lo que ocurrirá entre 2026 y 2029. Desgranando un poco más la mazorca, no hay duda de que en 2022 el pasado gobierno recibió una alta deuda, pero también que, iniciando 2026, el nuevo gobierno recibió una cifra todavía más alta. Ojo con la situación que se entregará a inicios de 2030. En este tipo de temas algunas personas caen en los extremos del optimismo y/o del pesimismo; son actitudes opcionales. Debería ser obligatorio asumir el realismo.
Solamente en 2025, los pagos del servicio de la deuda (capital, intereses y comisiones) ascendieron a US$2,536.2 millones, equivalentes a L66,890 (casi L67 millardos). De cada lempira recaudado en impuestos, prácticamente se destinaron unos 36.3 centavos al pago de la deuda. Una porción mayor a esa se usa para pagar salarios, sean necesarias o no las personas en planilla. Finalmente, la porción restante, la administración central debe transferirlo al sector público descentralizado. De las migajas que quedan, se financiará lo posible en inversión pública (ojalá productiva) si no, asomarán las tentaciones de endeudarse. En el balance, los fuertes compromisos de deuda y el gasto corriente de baja calidad conllevan a que no sean suficientes los ingresos corrientes, principal fuente de financiamiento gubernamental. De manera que, recurrentemente, se endeuda al fisco. El ciudadano común, diría: “Estos gobiernos no salen de una y ya se están metiendo en otra”.
Ampliando el tema de las condiciones y riesgos financieros, los pagos anuales de la deuda se elevaron desde el año 2011 en adelante. Para 2014, superaron los US$1,000 millones y fue a partir de 2022 que dieron el gran salto a más de US$2,000 millones. Más adelante, en 2024 y 2025 “resortearon” a niveles de US$2,500 millones anuales. Esas cifras evidencian el grado de presión sobre las finanzas públicas y se suman a los otros factores de riesgo cambiario cuando se trata de deuda pública externa.
A pesar de lo señalado, los discursos oficiales de los gobiernos y de la tecnocracia de los organismos financieros internacionales insisten en la idea de que la deuda pública de Honduras es sostenible y que todavía aguanta mayores cargas basándose en que el coeficiente deuda/PIB es menor al 50%.
No obstante, son evidentes los riesgos y sacrificios ciudadanos considerando las condiciones de tasas de interés y plazos. Por ejemplo, el plazo promedio de toda la deuda es de 9 años 2 meses, lo que prácticamente significa que el actual y el siguiente gobierno tienen y tendrán fuertes compromisos aun sin agregar nuevos endeudamientos. Respecto a la tasas de interés, el promedio es 4.3% en moneda extranjera y 8.3% en moneda local. Habría que sumarle que lo comprometido a tasa variable persiste en crecer y aumentó a 34% habiendo sido de 10% hace apenas unos años.
