TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como ir de compras al mercadito, de esos que ni permiso de operación tienen. Así es el Congreso de esta república saciada de tantos canallas que aspiran remendar las utopías con los hilos bordados de un populismo barato.
Así va el país, que ni ha salido de la crisis de dos juntas directivas de un Congreso, y que en su afán lanzan leyes en perjuicio del pueblo, autoproclamándose como los salvadores de una patria que está harta de caprichos legislativos, acomodados de acuerdos a los intereses políticos para premiarse la conciencia anacrónica de cada uno de ellos. Así fue como aprobaron un nuevo pacto de impunidad en Honduras, con el decreto que da amnistía a presos políticos y presos de conciencia.
Este oscuro parto exculpará de sus acciones delictivas en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos que son protagonistas de aquel vergonzoso acto que abarca a quienes se desempeñaron como funcionarios de la administración Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
El gran pacto de robo permitido se escuda hábilmente en un acuerdo de Cartagena para la Reconciliación Nacional que establece que estas personas fueron víctimas del golpe al ser acusados criminalmente «por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados».
Pero detrás de ese decreto, hay graves delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, hasta de criminalidad organizada y terrorismo, es decir, que poco falta para canonizar a tantos delincuentes abrumados y deprimidos por ser «víctimas» circunstanciales de tener manos largas y ambiciones descomunales por lo ajeno.
Claro, el bendito perdón no es para los luchadores sociales, que, aunque los incluye, la verdadera esencia va dirigida a políticos, como los diputados que en diciembre de 2012 votaron a favor de destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También se beneficiaría el expresidente Hernández por haberse reelegido en el período 2018-2022, llevándose de encuentro en una embestida brutal a la Constitución de la República.
También quedan perdonados y bendecidos los implicados en el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que, con el mayor de los gustos, podrían ser absueltos con el decreto de amnesia política.
Este pacto del diablo abarcaría a los involucrados en el desfalco de ciento cuarenta millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para campañas políticas en 2013, que involucró a diputados que hicieron un carnaval electoral con el dinero del pueblo. También son invitados a la fiesta todos los congresistas que en 2013 aprobaron la venta a destajo del país, con el proyecto de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
De paso, va al baúl de la impunidad la elección del actual fiscal, misma que fue ilegal porque nunca estuvo en la lista de candidatos que optaban el cargo. El perdoncito también alcanza el congelamiento del Código Laboral, la concesión de peajes, nombramientos ilegales de Coalianza y una larga lista de crímenes administrativos contra el pueblo.
La pulpería de este Congreso es ilegal y lo que diga La Gaceta no debería surtir efectos jurídicos, pero el negocio no se cierra porque perdona las deudas y se fían otras, para nunca falta.
Así va el país, que ni ha salido de la crisis de dos juntas directivas de un Congreso, y que en su afán lanzan leyes en perjuicio del pueblo, autoproclamándose como los salvadores de una patria que está harta de caprichos legislativos, acomodados de acuerdos a los intereses políticos para premiarse la conciencia anacrónica de cada uno de ellos. Así fue como aprobaron un nuevo pacto de impunidad en Honduras, con el decreto que da amnistía a presos políticos y presos de conciencia.
Este oscuro parto exculpará de sus acciones delictivas en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos que son protagonistas de aquel vergonzoso acto que abarca a quienes se desempeñaron como funcionarios de la administración Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
El gran pacto de robo permitido se escuda hábilmente en un acuerdo de Cartagena para la Reconciliación Nacional que establece que estas personas fueron víctimas del golpe al ser acusados criminalmente «por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados».
Pero detrás de ese decreto, hay graves delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, hasta de criminalidad organizada y terrorismo, es decir, que poco falta para canonizar a tantos delincuentes abrumados y deprimidos por ser «víctimas» circunstanciales de tener manos largas y ambiciones descomunales por lo ajeno.
Claro, el bendito perdón no es para los luchadores sociales, que, aunque los incluye, la verdadera esencia va dirigida a políticos, como los diputados que en diciembre de 2012 votaron a favor de destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También se beneficiaría el expresidente Hernández por haberse reelegido en el período 2018-2022, llevándose de encuentro en una embestida brutal a la Constitución de la República.
También quedan perdonados y bendecidos los implicados en el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que, con el mayor de los gustos, podrían ser absueltos con el decreto de amnesia política.
Este pacto del diablo abarcaría a los involucrados en el desfalco de ciento cuarenta millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para campañas políticas en 2013, que involucró a diputados que hicieron un carnaval electoral con el dinero del pueblo. También son invitados a la fiesta todos los congresistas que en 2013 aprobaron la venta a destajo del país, con el proyecto de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
De paso, va al baúl de la impunidad la elección del actual fiscal, misma que fue ilegal porque nunca estuvo en la lista de candidatos que optaban el cargo. El perdoncito también alcanza el congelamiento del Código Laboral, la concesión de peajes, nombramientos ilegales de Coalianza y una larga lista de crímenes administrativos contra el pueblo.
La pulpería de este Congreso es ilegal y lo que diga La Gaceta no debería surtir efectos jurídicos, pero el negocio no se cierra porque perdona las deudas y se fían otras, para nunca falta.
