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El país de las narcomaravillas

onduras ha sido sacudida con el impacto de las últimas revueltas de conciencia en el polvorín de la droga, de este modo, la clase política ha sido señalada, juzgada e incriminada en un tribunal federal del distrito sur en Manhattan, a falta de credibilidad de una justicia nacional que no sirve ni para hacer mandados: solo el 1% de los hondureños confía en la eficiencia, la honestidad y la imparcialidad de esta, contra un 82% que considera que es poco o nada eficiente y un 17% que no existe. Así llanamente.

Las audiencias en Nueva York no son más que una radiografía de nuestro sistema: la gente no confía porque no ve resultados. Y a fin de lograr una mejor gestión de imparcialidad debe haber una política que otorgue más confianza a los ciudadanos y eso es justamente lo que está en el filo de la navaja de la corrupción y el narcotráfico. En los azarosos años 80 se usaba al crimen organizado con el objetivo de delinquir y ganar poderío, eliminaba sus opositores políticos, socios delincuentes que eran “orejas”, creando una organización financiada de fuentes ilícitas; ahora es al revés: el crimen organizado se sirve del Estado con la finalidad de prosperar sus criminales métodos.

El narcotráfico y la narcopolítica en este pueblo nunca fue una relación imprevista. Desde principios de los años 70 vertiginosamente fue acercándose a la autoridad gubernamental, con adición tal que alcanzó el debilitamiento del territorio, controlando a partidos políticos con una alta penetración en distintas jerarquías de la sociedad, hasta desarmar el aparato estatal desde adentro y actuar “legalmente”, inclusive llegar a estructurar el brazo corrupto y vaciar el erario con miras a sufragar campañas políticas, luego firmar con la sangre del pueblo un “pacto de corrupción” en redes escandalosas de robo en los pasillos del poder legislativo, el epicentro que la narcoactividad busca, porque allí es donde se manipula la formulación de leyes con la intención de ganar influencia a corto plazo e influir en los entramados jurídicos de los gobiernos.

Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Federal Antidrogas de EE UU (DEA, por sus siglas en inglés), sostiene que “el narcotráfico no existiría sin la corrupción”; así que, con razón si conoce el tema “gramo por gramo”, aliados como “ratón y queso, amigos son” decía aquella canción de narconovelas.

En este momento, saltan al ruedo los “sapos” y aparecen las acusaciones de pagos ilegales a ‘Tony’, dinero que serviría con el propósito de obtener conexiones más importantes e información de cómo evitar que los alijos de cocaína fueran interceptados por las fuerzas de seguridad. Ante esta nueva vinculación el presidente Hernández salió al paso de estas acusaciones con una encolerizada locución: “La alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula... esto es menos serio que ‘Alicia en el país de las maravillas’”.

“Cuando el narcotráfico puede infiltrar y capturar al Estado, hasta tocar a altos funcionarios, la democracia peligra más y a las instituciones les cuesta contrarrestar eso”. Eric Olson, consultor Wilson Center EE UU.