Lo más fácil es criticar y meter a todos los servidores públicos en un mismo costal y generalizar que todo el aparato estatal es corrupto, sin embargo, afirmar esto es un grave error, definitivamente hay servidores públicos íntegros, comprometidos con el ejercicio de sus funciones, pero también no podemos desconocer que aquellos que se encuentran en los puestos más notorios y de mayor trascendencia no se han encargado de cuidar la imagen de la función pública.
A lo largo del tiempo, la confianza en la institucionalidad se ha ido deteriorando, como se puede ver en el Índice de Estado de Derecho que realiza el World Justice Project, lamentablemente, la imagen de un gobierno, de los poderes del Estado y de la institucionalidad pública de una nación pasa de la mano por sus funcionarios. No obstante, vemos un problema serio cuando el actuar de los titulares se puede llevar de encuentro la imagen de toda una institución. Dice la madre María de Jesús que “un árbol que se cae hace más ruido que 100 árboles que están creciendo”. Esto se logra apreciar en una Junta Directiva del Congreso Nacional donde se duda de su legalidad, un procurador y subprocurador que también su legalidad se ha visto cuestionada y ahora un fiscal general y adjunto que también está siendo seriamente cuestionado por la sociedad civil y la comunidad internacional. Es decir, se pone en tela de duda la legalidad de la Junta Directiva de un Poder del Estado, así como de otras instituciones.
Este actuar refleja una inseguridad jurídica que se lleva de encuentro la imagen de un país entero, por ende, deja de ser atractivo para la inversión.
Es necesario que haya dignidad e integridad en cada servidor en sus acciones y declaraciones para generar confianza primero en los hondureños y luego ante la comunidad internacional.
