Un estado de derecho es donde la ley es el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. Por cierto la transparencia, la predictibilidad y la generalidad están implícitas en él.
Esto conlleva a que se faciliten las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda también al desarrollo económico sostenible y a la paz social.
Para tener un estado de derecho efectivo es necesario: que el derecho sea el principal instrumento de gobierno; que la ley sea capaz de guiar la conducta humana; que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente, evitando lo más posible las distorsiones.
Para garantizar la democracia es indispensable el respeto a las instituciones públicas y privadas, puesto que la institucionalidad del Estado es el corazón de vida para salvaguardar las garantías de una democracia transparente, justa y equitativa en igualdad de condiciones con los seres humanos, y es en donde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha luchado desde su creación por una institucionalidad con democracia, instando a las autoridades y al pueblo en general a defender la soberanía para preservar el respeto irrestricto y sin discriminación de la integridad personal y demás derechos consagrados en la Constitución de la República.
Si tomamos en cuenta que una de las características del estado de derecho es la división de poderes, independientes, complementarios y no subordinados entre sí, actualmente, en el país, esta no se cumple, cuando a diario el Poder Ejecutivo se involucra o pretende la sumisión de los otros poderes del Estado.
Sin embargo, para el Conadeh la institucionalidad no se respeta y se debilita por el clientelismo y la politización, ya que cada cuatro años se despide y contrata nuevo personal en las diferentes instituciones del Estado, no habiendo continuidad en la planificación y ejecución de labores enmarcadas en el Plan de Nación y Visión de País.
Lo anterior se refleja en la lucha por la institucionalidad que el Conadeh realiza en los casos donde haya negligencia, ilegalidad, abuso de poder, omisión por parte de la autoridad y en los que interviene ya sea de oficio o a petición de la persona que solicita nuestros servicios, con el propósito de restituir el derecho violentado.
