Cuando en distintos foros o análisis surge la pregunta sobre cuál es la causa de la violencia social que vivimos en Honduras, afloran una gran cantidad de factores que van desde la pobreza, corrupción e impunidad hasta los aspectos éticos y la pérdida de valores en la familia, pero muy poco se aborda el tema de la desigualdad como un factor causal de mucha importancia.
Más de cincuenta estudios realizados en América Latina por especialistas en el tema señalan que la violencia es más común en sociedades en las que existe una mayor inequidad; es decir, allí donde el día a día agobia con mayor desigualdad de ingresos, y por tanto, con menores posibilidades y oportunidades de desarrollo social, allí existirá más violencia.
En este tipo de estudio lo que llamamos “inseguridad” correlaciona mucho más con la inequidad que con la pobreza, el desempleo, el ingreso per cápita o la participación en los niveles educativos, sobre todo los niveles medios, aunque desde el campo económico sabemos que desde Adán Smith en adelante han sido calificados como factores de mucha importancia en la explicación de la delincuencia.
Para citar uno de los mencionados estudios, Ana María Cerro y Oswaldo Meloni señalan que un aumento en el desempleo del 10% aumenta la tasa de delito casi en un 1.9%, pero un aumento del 10% en la desigualdad de ingresos aumenta la delincuencia en un 3%, según estudios realizados en Argentina; por supuesto, en nuestro país esta medición pudiera variar hacia arriba o hacia abajo, según la región consultada.
Pero en términos generales, quienes nos gobiernan deben entender y no soslayar que la violencia que estamos viviendo es el precio de la desigualdad social y la inequidad que se ha acumulado por décadas y que dejan a nuestra población, sobre todo a la más joven, excluida de su familia, del mercado de trabajo y del sistema educativo.
Lo más paradójico de esta terrible situación que nos agobia y nos mantiene como ciudadanos en un terror permanente de perder la vida a la vuelta de la esquina, es que se da en un contexto de supuesta democracia, en gobiernos que se precian de otorgar oportunidades de ascenso social para toda la ciudadanía, sin que en la práctica se encuentre el ámbito propicio para lograrlo.
No estamos diciendo que la desigualdad social sea la única causa y que sea absolutamente determinante o que la necesidad económica genere por sí sola el delito, pero crea condiciones profundas de debilitamiento familiar, de pérdida de tejido social y deterioro de los lazos comunitarios que hacen más probable la participación en los delitos y en la violencia social que vivimos.
Sin duda alguna, para que la inequidad y la desigualdad social conduzcan a la delincuencia y a la violencia social se requiere que se haya producido una especie de quebrantamiento y una errónea socialización de valores como la honestidad, el trabajo y la familia, entre otros, que dejan de ordenar la vida de las personas de una sociedad, perdiendo sustantivamente la escala de esos valores.
Hasta el momento, el enfoque para combatir la criminalidad y la violencia en nuestro país ha sido en esencia netamente represivo, asumiendo como verdad irrefutable que con aumentar penas, impulsar reformas legislativas o mandar más efectivos policiales y militares a las calles, automáticamente se disminuirán los índices de criminalidad. Este enfoque deja en claro que nuestros gobernantes creen o les conviene creer que las variables que caracterizan el entorno social y económico no tienen ninguna significación.
Sin embargo, si en algún momento una sensata conciencia les conduce a ver que el desempleo, la desigualdad de ingreso, la falta de oportunidades sobre todo para las generaciones más jóvenes, que en definitiva representan más de la mitad de la población hondureña, sí tienen una importancia fundamental, entonces las políticas públicas deben orientarse y tener un amplio alcance en esas áreas, sobre todo aquellas relacionadas con la educación y el trabajo.
El daño y el terror que la criminalidad y la violencia producen a las víctimas y a sus familias a futuro tendrá su repercusión letal en el sistema supuestamente democrático que hemos adoptado en el cual se promueve el acceso a los bienes de toda índole, pero que el mismo Estado, con sus instituciones y gobiernos, y la sociedad escatiman.
Nadie debe olvidar, sobre todo los tomadores de decisión y quienes pretenden gobernarnos, que en la medida en que no hay futuro o se sienta que ese futuro se pierde, el presente se devalúa, la consecuencia inmediata es que los pueblos juegan entonces al todo o nada.
