Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este sábado a la instalación de la comisión permanente del Congreso Nacional, calificando la medida como "una muestra clara de que Libre ya renunció a las elecciones".
Zambrano se refirió a la convocatoria del oficialismo a sus estructuras políticas para trasladarse a la capital, lo que, según él, evidencia un intento de "quedarse en el poder por la fuerza" ante la cercanía de los comicios.
"Si quisieran elecciones, jamás abandonarían sus campañas en los pueblos", expresó a través de un posteo en su red social de X.
El diputado sostuvo que el expresidente Manuel "Mel" Zelaya, coordinador del partido en el gobierno, "sabe que a falta de 28 días para votar es imposible para ellos ganar las elecciones" y acusó al oficialismo de querer evitar "la humillación nacional e internacional" que, según dijo, sufrirían en las urnas.
La orden de Libre para que sus estructuras políticas vayan a la capital y la instalación de manera ilegal de la comisión permanente es muestra clara que el FAMILION ya renunció a las elecciones, si quisieran elecciones, jamás abandonarían sus campañas en los pueblos.
— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) November 1, 2025
Mel sabe que...
Zambrano advirtió que el país enfrenta la "última fase del plan Venezuela", en alusión a lo que considera una estrategia del gobierno para mantenerse en el poder. También denunció el uso de lawfare, manipulación mediática y difusión de audios falsos para desprestigiar a las autoridades electorales.
"Debemos unirnos todos contra esa minoría agresiva y tramposa que no ama al país", afirmó el legislador, al tiempo que hizo un llamado a la defensa de la democracia y la celebración de elecciones "legítimas y transparentes".
Las declaraciones del diputado se produjeron después de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, instalara la comisión permanente cerca de la medianoche del 31 de octubre, en una sesión privada que ignoró la prórroga del período ordinario de sesiones aprobada por la mayoría de diputados.
La nueva comisión, integrada por nueve miembros propietarios y cuatro suplentes, ejercerá funciones desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 20 de enero de 2026, una decisión que ha generado críticas por parte de la oposición, que la considera un acto "ilegal y autoritario".
