Tegucigalpa, Honduras.-El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Alberto González, rompió el silencio luego de que el Ministerio Público (MP) lo acusara del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
El caso surge por su presunta participación en la gestión irregular de la devolución de una residencia de lujo, vehículos y una empresa en el marco de la operación Magnate, realizada en 2022 en San Pedro Sula.
González asegura que desconocía el requerimiento hasta que fue informado extraoficialmente y afirmó estar dispuesto a responder ante la justicia, pero también cuestiona el enfoque de la Fiscalía.
“Hay muchos casos de pérdida de bienes en la OABI que se deberían investigar”, declaró el exfuncionario, dejando entrever que, a su juicio, el Ministerio Público está dirigiendo recursos hacia un caso menor en comparación con otros escándalos no esclarecidos dentro de la institución.
“El Ministerio Público tiene bastante trabajo en la OABI en términos de perseguir delitos que efectivamente han existido, pero hasta ahora no se ven las acciones de ese cuerpo”, enfatizó.
La acusación formal señala que González habría gestionado de forma ilegal la devolución de una vivienda ubicada en el exclusivo sector residencial de Merendón Hills, así como cuatro vehículos de alta gama y una empresa, todos asegurados durante la Operación Magnate por sospechas de estar vinculados con lavado de activos y otros delitos financieros.
A pesar de la gravedad del señalamiento, González respondió sin titubeos: “No tengo temor. Y si eventualmente, por acción u omisión, sucedieron hechos, tengo que responder ante la justicia. Hay que abrir el espacio a la institucionalidad, tener confianza en la justicia. Lo digo basándome en mi condición de director ejecutivo de la OABI”.
El exdirector también dejó claro que no fue notificado de forma oficial sobre la acusación, y que su conocimiento del caso proviene únicamente de reportes en medios de comunicación.
Aun así, dijo estar listo para asumir su defensa legal: “Desconozco el fondo de la acusación por parte de la Fiscalía hondureña, por lo que procederé a leer el expediente para preparar mi defensa por el cargo que ocupé en la OABI”.
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Tras denuncia
González aseguró que actuó conforme a la ley y bajo procedimientos establecidos cada vez que recibió una resolución judicial relacionada con bienes incautados.
“Cada vez que un juzgado me ordenaba la devolución de bienes, yo enviaba esa resolución para que se revisara el expediente de forma minuciosa. Si es por esa causa, no tengo preocupación alguna”, agregó.
También reconoció que la OABI ha sido objeto de cuestionamientos desde hace años, pero deslindó su gestión de los problemas estructurales previos.
“Es notorio que los bienes en la OABI se manejaron en forma desastrosa en gestiones anteriores a la que me tocó representar”, manifestó, haciendo alusión a la acumulación de bienes deteriorados, extraviados o entregados sin el debido proceso legal.
Además, reafirmó su intención de enfrentar el proceso legal sin evadir responsabilidades: “Yo sé lo que no he hecho y lo que he hecho. En ese sentido voy a responder. No voy a huir ni a esconderme de la justicia. Mientras un juez y juzgado competente no me condene, soy inocente ante la ley”.
¿De qué se acusa a Jorge Alberto González, exdirector de la OABI?
La acusación del Ministerio Público se fundamenta en el delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos, tipificado en el artículo 349 del Código Penal hondureño.
Este delito castiga a quienes, teniendo responsabilidades públicas, omiten o incumplen los deberes que les impone su cargo, o bien los ejercen de forma irregular para beneficiar a terceros.
Si el tribunal encuentra culpable a González, podría enfrentar inhabilitación para ejercer cargos públicos y penas de prisión, según el nivel de perjuicio al Estado.
El punto central del expediente radica en la supuesta gestión ilegal que permitió que bienes incautados en una operación contra el crimen organizado retornaran a manos de sus antiguos dueños sin haber cumplido con los procedimientos legales de extinción de dominio o fallo judicial firme.
La Fiscalía sostiene que estas acciones se ejecutaron de forma administrativa, sin autorización judicial válida.
La Operación Magnate fue una intervención del Estado llevada a cabo en 2022 por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público, en coordinación con otras entidades de seguridad.
Su objetivo era desmantelar una red de personas y empresas dedicadas al lavado de activos mediante la creación de sociedades pantalla y el uso de testaferros para justificar fortunas sin respaldo económico legal.
Durante los allanamientos realizados en San Pedro Sula y zonas aledañas, se incautaron residencias de alto valor, vehículos de lujo, cuentas bancarias con fuertes sumas de dinero y empresas comerciales.
Todos estos activos fueron trasladados a la administración provisional de la OABI mientras se resolvía su situación legal.
Según el Ministerio Público, la OABI —bajo la gestión de Jorge Alberto González— habría facilitado la devolución anticipada de al menos una vivienda, cuatro vehículos y una empresa vinculados a esta operación, contraviniendo lo establecido en la Ley de Privación de Dominio y sin esperar el fallo judicial correspondiente.
