Tegucigalpa, Honduras.- El control de los órganos electorales en Honduras ha desatado una intensa batalla de intereses en el Congreso Nacional, donde la fragmentación política amenaza con estancar el nombramiento de las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Ya que la disputa está en conseguir los 86 votos que se necesitan para nombran las nuevas autoridades en el CNE y TJE.
Mientras el partido Libertad y Refundación (Libre) reclama como un derecho propio los espacios dejados por sus representantes tras juicios políticos, las fuerzas mayoritarias y facciones independientes sugieren que este es el momento "de oro" para sacar a los partidos políticos de la administración de los comicios.
La disputa no solo es externa, sino que dentro de Libre ya se reporta una división interna por el control de las postulaciones. Desde la bancada de Libre se sostiene que la silla que quedó vacante pertenece legítimamente a Libre por el peso electoral obtenido en las urnas.
Ante los cuestionamientos, que piden perfiles técnicos, la dirigencia de Libre ha reaccionado con una contrapropuesta agresiva que busca exponer lo que consideran una doble moral de sus adversarios.
Según la bancada de oposición, cualquier intento de "despolitizar" los entes debe ser integral y no solo aplicarse cuando Libre es el partido que tiene la silla vacía. "Si quieren despolitizar, que renuncien Cossette López y Ana Paola Hall, porque es bien cómodo querer despolitizar solo cuando Libre es el que no está", señaló Ronald Panchame, jefe de bancada de Libertad y Refundación.Sin embargo, el panorama para Libre se complica por sus propias fisuras. Un grupo de diputados de la bancada, considerados menos radicales, ha comenzado una recolección de firmas para respaldar a dos parlamentarios que se postularon formalmente a los cargos.
Esta movilización interna busca presionar a la coordinación del partido para que los votos se decanten por figuras del mismo Congreso y no por perfiles externos, lo que ha generado malestar en otros sectores del partido que prefieren mantener la disciplina partidaria bajo un solo mando.
"Libre debe ocupar ese espacio, le corresponde y no porque se lo estén regalando sino porque Libre se lo ganó en la jornada", puntualizó Ronald Panchame al defender la cuota de poder de su partido.
En el Partido Liberal, la situación es de una dispersión evidente. Aunque algunos diputados reconocen que, por tradición política, el espacio le corresponde a Libre, otros proponen una reforma estructural profunda.
Una propuesta sugiere suspender el CNE durante los años 2026 y 2027 para aprovechar la salida anunciada de las actuales consejeras y transformar la ley hacia un consejo netamente ciudadano.
"Hay que despolitizar el Consejo Nacional Electoral; hay que aprovechar esta oportunidad de oro que nos dan las consejeras que se están yendo", reiteró el diputado liberal Carlos Umaña.
Esta falta de una línea única en el liberalismo vuelve incierto el camino hacia los 86 votos necesarios para cualquier nombramiento."La persona de Libre debe de ser una persona que haya demostrado vocación democrática de tal manera que no nos volvamos a meter en una crisis electoral", manifestó Umaña.
Para el Partido Nacional, la presencia de Libre en los entes electorales representa un riesgo para la institucionalidad, basándose en los conflictos ocurridos en procesos anteriores.
La postura de la principal fuerza de oposición es tajante: los espacios deben ser ocupados por figuras independientes o representantes de la sociedad civil para garantizar un balance neutro.
Según el nacionalismo, Libre no tiene un derecho legal heredado sobre las vacantes y entregarles el puesto sería permitir que el partido de gobierno maneje a su beneficio el próximo proceso electoral.
"Aquí solo hay dos opciones: es alguien de sociedad civil o independiente para tener un balance, o sería darle el espacio a Libre", advirtió Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, hace unos días.
El debate técnico también ha pasado a un segundo plano ante la posibilidad de una reforma electoral de emergencia.
Algunos sectores proponen que, dado que el periodo de sesiones se prorrogó hasta enero de 2027, existe el tiempo suficiente para ratificar cambios constitucionales que eliminen la presencia partidaria en las mesas y en el pleno de los órganos.
Esta propuesta, aunque bien vista por la ciudadanía, carece de voluntad política en las cúpulas que ven en el CNE y el TJE su principal seguro de vida para las elecciones de 2029.
La Comisión Especial que evalúa a los 18 finalistas tiene la difícil tarea de presentar un informe que sea digerible para un pleno dividido.
Mientras Libre insiste en que sus 35 votos son el bloque inicial para reclamar su puesto, el Partido Nacional cuestiona si la ciudadanía realmente quiere que quienes "boicotearon procesos anteriores" sigan al frente de la custodia de los votos.
La desconfianza mutua es el denominador común en una mesa de diálogo que aún no logra instalarse formalmente.
Con las audiencias públicas en marcha y la presión de los grupos internos de Libre recolectando firmas, la próxima semana será decisiva.
El Congreso Nacional se enfrenta al dilema de mantener el modelo de reparto partidario que ha imperado o arriesgarse a una reforma que, aunque necesaria para la transparencia, podría dejar a los partidos tradicionales sin el control directo de los resultados electorales.
La moneda está en el aire y el costo de no alcanzar los 86 votos podría ser una parálisis institucional en el corazón del sistema democrático.
