El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reactivó tras el “golpe técnico”
que propinó el Congreso Nacional (CN) a este poder del Estado.
Desde el pasado 5 de diciembre no se reunían los 15 magistrados propietarios de la CSJ debido a la abrupta decisión del CN de destituir a cuatro miembros del pleno.
Fue el 12 de diciembre cuando 97 diputados decidieron separar del cargo a Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Gustavo Bustillo y Francisco Ruiz Gaekel.
En su lugar fueron juramentados Silvia Santos, Víctor Lozano, Elmer Lizardo y German García.
Esto detonó una crisis a lo interno de la CSJ, que incluyó impugnaciones de los separados y cuestionamientos de algunos magistrados hacia el presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, y los recién nombrados.
Se esperó un poco más de dos meses, hasta que se resolvieran definitivamente los amparos interpuestos contra la destitución de magistrados, para que Rivera Avilés decidiera convocar a un pleno.
La expectativa se generó en si magistrados asistirían a la convocatoria, ya que algunos de ellos, como Raúl Henríquez, habían afirmado el mes anterior que no se sentarían a la par de usurpadores, en alusión a los cuatro recién nombrados por el CN.
Asimismo, si el magistrado Marco Vinicio Zúniga estaría compartiendo sesión con Rivera Avilés, a quien días atrás lo increpó fuertemente por trasladarlo de la Sala Civil a la Penal.
Asimismo, Henríquez, fue trasladado de la Penal a la Civil, situación que generó denuncias hasta las Naciones Unidas, por una presunta ilegalidad del traslado argumentando que Rivera Avilés no tenía esta facultad.
¿Normalidad?
El pleno inició a eso de las 10:30 de la mañana y concluyó hasta horas de la noche, bajo un ambiente de cierta tensión.
El presidente de la CSJ dio apertura a medios de comunicación para hacer tomas fotográficas y de video del histórico primer encuentro.
Fue notorio observar cómo los cuatro recientemente nombrados por el CN fueron ubicados juntos en un extremo del pleno.
En medio de ellos se encontraba Reina Solórzano, magistrada de Corte de Apelaciones de Trabajo, que fue llamada a integrar en sustitución de Jorge Reyes, quien se encuentra incapacitado de salud.
Algunos magistrados dialogaban en voz baja, con palabras al oído, como un inminente reflejo de inconformidad o incomodidad por la situación generada por el CN.
La sesión inició con normalidad, la agenda comenzó con la interpretación de si Rivera Avilés tiene o no facultades para trasladar a magistrados de Salas, como lo hizo con Henríquez y Zúniga.
Diez magistrados votaron por ratificar que Rivera Avilés tiene facultades de efectuar traslados de magistrados, cinco votaron en contra: Raúl Henríquez, Marco Zúniga, Jacobo Cálix, Carlos Cálix y Óscar Chinchilla, quienes argumentaron que el reglamento de la CSJ no le concede esa facultad a Rivera Avilés.
La mayoría sostuvo que dicha normativa sí le da esa atribución, al igual que el decreto transitorio que emitió el CN que otorga a Rivera Avilés el manejo administrativo del Poder Judicial.
El trasladar a magistrados de Salas, que nunca había acontecido en la CSJ, solo coordinaciones en enero de cada año.
El Poder Judicial está conformado por cuatro salas: Constitucional, Penal, Civil y Laboral.
Expediente disciplinario
Por otro lado, el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, informó que por mayoría se determinó abrir un expediente disciplinario al magistrado Marco Zúniga por dirigir una carta a Rivera Avilés con expresiones inadecuadas y ofensivas hacia el titular de la CSJ.
Ni Rivera Avilés ni Zúniga participaron en la votación, de acuerdo a lo que indica el reglamento interno de dicho poder del Estado. La sanción podría ser multa, suspensión o destitución del cargo.
Ley de Depuración
El pleno debatió un punto de agenda pendiente desde el año anterior: resolver la inconstitucionalidad o no de la Ley de Depuración de la Policía.
Y es que a inicios del pasado mes de diciembre la Sala Constitucional resolvió por mayoría la inconstitucionalidad de dicha ley.
Aunque el fallo no fue firme, el mismo generó fuertes críticas, entre ellas las del presidente Porfirio Lobo Sosa, quien se preguntó de qué lado estaban los cuatro magistrados que luego fueron destituidos: de los delincuentes o del lado de proteger a la gente honrada.
El hecho de emitir este fallo y el votar para derogar las “ciudades modelo” fue aprovechado por el CN para separar del cargo a los cuatro magistrados.
En vista de que no existió unanimidad en la Sala, el expediente del recurso de inconstitucionalidad fue remitido al pleno para que emitiera una sentencia definitiva.
Al respecto, se conocieron tres posiciones: la posición que en su momento adoptaron los cuatro magistrados destituidos, la de Chinchilla, que votó en contra de derogar esta ley; y un nuevo proyecto presentado por un grupo de magistrados, detalló Duarte.
Un magistrado de la Sala Penal pidió el expediente para mayor estudio.
Por tanto, será en un próximo pleno, que posiblemente se convoque para el próximo miércoles, cuando se conocerá si se ratifica o no la resolución de la Sala Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Depuración de Policía, aunque la misma ya no está vigente.
En el pleno se aprobó la conformación de la Sala Constitucional y opiniones solicitadas por el CN referidas a reformas penales con respecto a la tortura, desarrollo de audiencias de casación y un auto acordado para no retrasos en juzgados de ejecución y redacción de sentencias.
