Multas desde cinco hasta 50 salarios mínimos, sin perjuicio a la responsabilidad penal a la que haya lugar, se impondrán a las personas que porten armas de manera ilegal.
En caso de reincidencia se procederá a la suspensión temporal o definitiva de las licencias y se decomisará el material controlado, también sin perjuicio de la responsabilidad penal del infractor.
Las anteriores son parte de las sanciones que contempla el proyecto de ley de control de armas
de fuego que también establece la organización de un Registro Nacional de Armas a través de la Secretaría de Seguridad.
El proyecto, que la próxima semana será discutido por los miembros del Congreso Nacional (CN), señala que el Registro tendrá entre sus funciones el control y supervisión de tenencia de armas de fuego y materiales explosivos.
Dicho organismo realizará el registro balístico de toda arma de fuego y se encargará además de la emisión y otorgamiento de los diferentes tipos de licencias de portación de armas que contempla la ley.
El nuevo marco endurece las medidas para el uso de las armas al extremo que contempla aspectos como la autorización, únicamente, de una arma por persona y eleva a 25 años la edad mínima para la autorización de un permiso o licencia.
Contempla que los interesados en portar una arma deberán aprobar una evaluación o test psicológico que determine su aptitud psíquica y señala que las personas que deseen portar armas tendrán que certificar, mediante revisión médica, la inexistencia de adicciones a psicofármacos, estupefacientes o bebidas alcohólicas.
La iniciativa de ley también establece la organización de un Registro Nacional de Explosivos a través de la Secretaría de Defensa, por medio del Estado Mayor Conjunto, que deberá trabajar en el registro de todo material explosivo que ingrese al país.
También contempla la creación de la Comisión Nacional Multidisciplinaria sobre Armas de fuego y Explosivos, la cual estará integrada por representantes de la mayoría de las instituciones del Estado.
El órgano tendrá entre sus funciones el desarrollo y aplicación de un plan de acción nacional para prevenir, combatir y erradicar la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de las armas de fuego y también deberá coordinar e integrar los esfuerzos nacionales necesarios para prevenir y luchar contra el tráfico de armas.
Asimismo deberá impulsar programas de investigación para dar forma a las actividades de dicha Comisión.
Detención
Entre las sanciones, además de la imposición de multas, el proyecto de ley señala que toda persona que porte una arma sin permiso o sin autorización será detenidos de manera inmediata y el arma será decomisada.
“Toda arma no prohibida cuyo tenedor carezca de permiso, será decomisada y el portador será detenido preventivamente por un periodo de veinticuatro (24) horas debiendo remitirse de inmediato a la Jefatura Departamental de la Policía Preventiva más cercana”, dice el artículo 135 del proyecto.
Seguidamente establece que “toda arma de fuego utilizada en hecho delictivo, cuyo análisis microscópico comparativo forense resulte positivo con indicios o evidencias del hecho investigado; será puesta a la orden de tribunal competente como medio de prueba”.
Según el documento, Seguridad procederá a través del Registro Nacional de Armas, a realizar la destrucción de armas decomisadas en caso de evidente deterioro, extrema peligrosidad o tratarse de material de uso prohibido según la ley, así como los excedentes del Estado.
Un punto que ha generado reacciones sobre el proyecto es que los diputados contemplan el endurecimiento de medidas para la portación de armas a las personas naturales y jurídicas, pero curiosamente se han excluido de las mismas.
El artículo 110 del proyecto de ley señala que estarán exentos de pago por la emisión de licencia de tenencia y portación de armas de fuego los diputados, jueces, magistrados, fiscales, policías, militares, defensores públicos y miembros del cuerpo diplomático.
