Tegucigalpa, Honduras.- El proceso electoral general que celebró Honduras en noviembre de 2025 fue atropellado, caótico, con indicios de boicot y lleno de incertidumbre. Los resultados se oficializaron el último día permitido por la Ley Electoral (el 30 de diciembre), dejando lecciones importantes que se deben subsanar.
De acuerdo con el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, son varias las reformas que se deben hacer, pero una de ellas requiere que se modifique la Constitución de Honduras.
Por eso, instó a los diputados del Congreso Nacional 2026-2030 revisar las reformas electorales en el primer año, para que en los próximos comicios el país esté más preparado.
Para concretarlo, los diputados necesitan tener mayoría calificada (86 votos) para que puedan hacer los cambios pertinentes, tal como dice la normativa.
Realizar una segunda vuelta
En Honduras la elección del presidente no se concreta en balotaje, sino que en las elecciones generales los contrincantes de todos los partidos se enfrentan y el que saca más votos es el ganador. Debido al estrecho margen de diferencia en los resultados electorales entre Nasry Asfura del Partido Nacional (declarado presidente por el Consejo Nacional Electoral) y Salvador Nasralla del Partido Liberal, es necesario que se apruebe la segunda vuelta.
Este es el criterio de Aguilar, quien afirmó que para esto ello se debe reformar el artículo 236 de la Constitución, que dice que "El Presidente y tres (3) designados a la Presidencia de la República, serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos. La elección será declarada por el Tribunal Supremo Electoral (ahora Consejo Nacional Electoral), y en su defecto por el Congreso Nacional o por la Corte Suprema de Justicia en su caso".
Para Aguilar, ya es "imprescindible para evitar o parar la legitimidad a un nuevo gobierno que salga electo con más del 50%".
En el caso de Asfura, resultó ganador con 0.71 puntos porcentuales, lo que se traduce a 26,338 votos más que Nasralla. Este resultado se oficializó sin concluir el escrutinio especial y dejando sin lugar las impugnaciones.
Selección de integrantes de las JRV
Cambiar la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) es otro punto que debe ser discutido en el Congreso Nacional, para evitar que se trastoquen los resultados a favor de una u otra institución política, según Aguilar.
La Ley Electoral en el artículo 46 dice que "las Juntas Receptoras de Votos en elecciones generales estarán integradas por 5 miembros propietarios con voz y voto, y sus respectivos suplentes, designados por los partidos políticos".
Ellos están en cada mesa de votación durante los comicios. Se encargan de instalar la mesa, recibir y verificar el material electoral, identificar y registrar a los votantes, garantizar el orden y el secreto del sufragio, recibir y custodiar los votos, realizar el escrutinio público, resolver incidencias en el conteo y levantar las actas oficiales con los resultados para remitirlas a la autoridad electoral superior.
Según Aguilar, es necesario que no sean los partidos los que se encarguen de esto, sino que "se deben buscar otro procedimiento como en otros países, que es por medio de sorteo, por voluntariado, o por convenios que se hacen con las universidades".
Esto evitaría o reduciría el número de actas que van escrutinio especial o que, por sus inconsistencias, son impugnadas por los candidatos o partidos políticos.
No más empresa para el TREP
Otra de las reformas necesarias, según el analista, está en uno de los hitos más importantes para la transparencia del proceso electoral: la contratación de la empresa encargada de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
A su criterio, no debe escogerse cualquier empresa ni siquiera siendo extranjera, pues juegan un papel importante al momento de conocer los resultados preliminares y dar certeza, lo más pronto posible, del ganador de las elecciones, al menos en el nivel presidencial.
"Casi todos los organismos electorales de América Latina tienen su propia tecnología, su propio equipo, sus propios recursos humanos, entonces debe ser con personas calificadas del país y no tener empresas que hacen las cosas mal hechas y se llevan un montón de dinero", argumentó.
Recordó que cuando él estuvo en el extinto TSE llevaron a cabo dos procesos electorales sin TREP, uno de ellos enviando los resultados por teléfono y a las 10:00 de la noche tenían los resultados preliminares.
"Hay que modificarlo, hay que analizarlo bien, qué es lo que más conviene, pero lo que sí debemos estar seguros es que el organismo electoral debe contar con sus propios recursos para hacer esa transmisión. Tiene la misma importancia o menor importancia que la integración de las mesas, porque la información que se da es preliminar, no es la definitiva", afirmó.
Fortalecer el TJE
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es el encargado de conocer y resolver los conflictos legales, de transparencia, impugnaciones, reclamos, recursos de nulidad, candidaturas, credenciales y violación a las normas electorales en cada proceso de elección.
Su papel, entre otras cosas, es velar que no se cometan delitos electorales y, de ser así, que sea el órgano penal que aplique la normativa.
El problema, según dijo el mismo presidente del TJE, Mario Flores, es que tiene poco recurso humano por la falta de transferencias de la Secretaría de Finanzas.
En octubre de 2025, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) exhortó a las autoridades a garantizar la independencia, estabilidad y seguridad del TJE.
