TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ana García de Hernández, primera dama de Honduras, inauguró el taller regional sobre intercambios de buenas prácticas en la detección, investigación y juzgamiento de los delitos de tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes, atención y protección a las víctimas.
La capacitación tiene como objetivo sensibilizar a los impartidores y operadores de justicia (jueces, policías y fiscales), así como personal de Migración, Cancillería, Derechos Humanos, Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), entre otros, para fortalecer el tratamiento en la judicialización y atención de estos casos.
El taller forma parte de los programas prioritarios de los gobiernos del Triángulo Norte y tiene duración de tres días -ayer 4, hoy 5 y mañana 6 de septiembre- y se impartirá bajo una dinámica particular, en el sentido que el primer día se capacitó a funcionarios de alto nivel, el segundo se capacitará a fiscales jueves y policías, mientras que el último día será específicamente para instruir al personal de los CAMR y de asuntos consulares y migratorios.
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En los actos de inauguración participaron la canciller María Dolores Agüero, representantes de alto nivel del Gobierno de Honduras, Chile y México, así como la secretaria ejecutiva de la oficina de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct), Rosa Corea, y el representante de las Naciones Unidas, Igor Garafulic.
En su intervención, la primera dama Ana García de Hernández recordó su experiencia con 12 niñas víctimas del tráfico ilegal de personas, que conoció en un albergue de Tenosique, México, que la marcó para siempre y la comprometió a dar mayores esfuerzos en la lucha por castigar a los responsables de estos delitos.
La canciller María Dolores Agüero expresó que para los países del Triángulo Norte, la migración tiene sentido de urgencia y ocupa un lugar de precedencia en el quehacer fundamental del gobierno.
“En este taller vamos a socializar y compartir buenas prácticas de fiscales, operadores de justicia, policías, funcionarios y personal que atiende las víctimas de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras.
