La administración pública hondureña ha comenzado a ajustar las principales variables fiscales que heredarán al nuevo gobierno que asuma el 27 de enero de 2014. Uno de los indicadores que mayor preocupación genera es la enorme deuda flotante que se registrará al cierre del presente año, la que se estima en 8,000 millones de lempiras.
Esos valores son compromisos financieros devengados pero que no serán pagados al cierre de 2013 por la iliquidez en la Tesorería General de la República (TGR).
El subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Carlos Borjas Castejón, considera que el saldo de la deuda flotante puede bajar a 6,000 millones de lempiras o puede dispararse a 10,000 millones, ya que el resultado dependerá de la colocación de 250 millones de dólares -5,000 millones de lempiras- del segundo tramo del bono soberano, recursos que serán destinados para cubrir la ejecución presupuestaria.
El funcionario recuerda que la administración anterior –Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti- heredó alrededor de 20,000 millones de lempiras en deuda flotante, los que se han cancelado de manera paulatina en los últimos años a través de operaciones monetarias como bonos, efectivo y una parte con los fondos procedentes de la colocación del primer tramo del bono soberano, que fue de 500 millones de dólares -10,000 millones de lempiras-.
Borjas Castejón dice que diversos sectores han cuestionado la decisión del gobierno de cancelar obligaciones que fueron heredadas, dejando de pagar las cuentas por pagar de la presente administración.
Agregó que se han tomado algunas medidas radicales para evitar más gastos sin financiamiento, lo que ha permitido contener la deuda flotante.
Agregó que entre las acciones aprobadas en la administración pública se menciona la prohibición de contratar bienes y servicios sin respaldo presupuestario, ya que durante varios años esa fue una práctica común, generando que el gasto se disparara al final de cada año.
Los reclamos de pagos de diversos sectores de la sociedad hondureña, especialmente los servidores públicos, ha puesto al descubierto la crisis financiera que golpea a la administración pública, la que les debe sueldos, bonificaciones y aumentos salariales.
Sistema sanitario
Este es uno de los sectores de la administración pública que arrastra millonarias deudas con los proveedores privados.
Fuad Hasbun, presidente de la Asociación de Droguerías, reveló ayer que el gobierno central tiene pendiente de pago facturas por el suministro de medicamentos desde 2008.
Ante la falta de pago, continuó, se han visto obligados a suspender la venta de medicinas a los hospitales Escuela, San Felipe y el Tórax.
Hasbun dijo que los medicamentos que están vendiendo al gobierno es a través del fideicomiso que maneja una institución bancaria, quien administra 600 millones de lempiras.
Por otra parte, Germán Sevilla, representante de empresas importadoras de insumos médicos, declaró que el gobierno tiene deudas pendiente desde 2012. Agregó que eso ha obligado a suspenderles el abastecimiento de materiales.
Los entrevistados no dieron a conocer las cifras exactas de los atrasos de pago del gobierno.
En la lista de proveedores de bienes y servicios de la administración pública también figuran otros sectores como la construcción, generadores de energía, transportistas, entre otros.
Impacto
Expertos consultados por EL HERALDO, quienes pidieron omitir sus nombres por el malestar que generan sus opiniones en algunos círculos del gobierno Lobo Sosa, consideran que la deuda flotante es un pasivo de la administración central y se considera como normal cuando el monto de las cuentas por pagar es razonable.
Agregaron que un monto normal para ese tipo de pasivos es +/- 1% del PIB (386,706 millones de lempiras para 2013), o sea 3,867 millones de lempiras. Los 8,000 millones de lempiras estimados como saldo para el cierre del presente año es equivalente a 2.1% del Producto Interno Bruto. Los entrevistados reconocen que el saldo de 20,000 millones de lempiras que recibió la presente administración fue una cantidad descomunal, equivalente al 7.2% del PIB.
Para los expertos, el pago de esta deuda ha tenido un impacto negativo en el flujo de caja de la TGR, ya que el gobierno se ha visto obligado a usar fondos presupuestados para cancelar cuentas con diversos sectores, tanto públicos como privados.
Carlos Borjas Castejón dice que coincide con la opinión de los profesionales entrevistados, ya que el pago de la deuda flotante le ha quitado espacio al gobierno para cubrir otras necesidades y eso ha generado cuentas con pagar con proveedores, servidores públicos y otras instituciones. “Nosotros hemos pagado la deuda heredada y dejamos de pagar la deuda que hemos contraído en el presente gobierno, pero son obligaciones documentadas y había que honrarlas. Las deudas menores de 60 días, que corresponde a montos pequeños están siendo canceladas”, subrayó el funcionario.
La Secretaría de Finanzas revela que al 31 de diciembre de 2012 el saldo de la deuda flotante fue de 10,490.7 millones de lempiras.
El pasado 31 de mayo se pagaron 5,028.5 millones de lempiras, quedando un saldo de 5,038.5 millones.
De los 5,028.5 millones de lempiras pagados en deuda flotante, el 44.1% correspondió a transferencias, el 22.1% a bienes y servicios, el 16.1% al pago de aportes patronales, el 8.4% a la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y el 11.8% restante a las constructoras.
Las cifras revisadas por técnicos de la Unidad de Planeamiento, Evaluación y Gestión (UPEG) de Sefin indican que el saldo de la deuda flotante puede oscilar entre 6,000 y 10,000 millones de lempiras al cierre de 2013, pero todo apunta a que el resultado final será de 8,000 millones, que deberá pagar el nuevo gobierno.
No obstante, diversas organizaciones nacionales y regionales dedicadas al monitoreo de las finanzas públicas hondureñas consideran que el saldo de la deuda flotante puede ser mayor que las cifras oficiales, ya que las condiciones para colocar los 250 millones de dólares del bono soberano en el mercado internacional no resultan atractivas para una operación de este tipo, principalmente por la elevada tasa de interés que se pagaría por ese título valor, la que puede oscilar entre 7.5% y 9.5%.
Para instituciones como el Colegio de Economistas de Honduras (CHE), el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la crisis en la administración pública se explica por la pérdida del control de la política fiscal que adoptó el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y que le dio buenos resultados en el período 2010-2011, pero que a partir de 2012 se agudizó al no poder contener el gasto público, cerrando ese año con un déficit de -6% del PIB. Para 2013 se prevé que el déficit será similar al de 2012.
