Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, de solicitar copias de las actas electorales al Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desatado una oleada de críticas y advertencias de juristas y analistas políticos, quienes consideran que la iniciativa es una grave extralimitación de funciones y un intento de intromisión militar en el proceso democrático.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo fue contundente al señalar que la Constitución de la República no otorga, ni sugiere, ni insinúa facultad alguna a las Fuerzas Armadas para solicitar actas electorales.
“El artículo 272 y el 273 de la Constitución delimitan claramente las atribuciones del órgano militar. Bajo ningún contexto, la Carta Magna ni la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas le permiten peticionar al CNE copias de las actas”, enfatizó.
Erazo explicó que el papel de las Fuerzas Armadas está restringido a custodiar y transportar el material electoral, no a intervenir en los resultados.
“Es totalmente distinto custodiar que tergiversar el sentido de la ley. Pretender que dentro de esa función está implícita la facultad de acceder a las actas es absolutamente erróneo y descabellado”, sostuvo.
El abogado recordó que la Constitución de 1982 se redactó precisamente para dejar atrás los regímenes militares y totalitarios, por lo que resultaría absurdo pensar que el constituyente quiso dar ese poder al estamento armado.
“El jefe de las Fuerzas Armadas está realizando una propuesta destructiva a la forma de gobierno y al sistema democrático establecido en los primeros artículos de la Constitución. Está generando polarización y sirviendo de instrumento de descomposición social”, alertó.
Erazo advirtió además que, si la solicitud se hace por escrito, el CNE debe rechazarla de inmediato, ya que las Fuerzas Armadas no tienen legitimación legal para pedir ese tipo de información.
“En derecho, el pleno puede rechazarla de entrada, por improcedente. No hay ley ordinaria que avale semejante petición. Es una propuesta al margen de la Constitución”, recalcó.
Desconfianza
El exconsejero del CNE German Lobo coincidió en que la solicitud del general Hernández viola la Constitución y pone en duda la neutralidad del estamento militar.
“La Carta Magna define con claridad que el único órgano facultado para administrar los procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral. Dentro de sus atribuciones exclusivas está realizar el escrutinio y administrar las actas. En ninguna parte se contempla que las Fuerzas Armadas puedan recibir copias de ellas”, señaló.
Lobo cuestionó el propósito detrás de la petición: “¿Con qué objetivo quiere Roosevelt Hernández esas actas? ¿Pretende montar un conteo paralelo al del CNE y salir a declarar un ganador? Ya la ley dice que el CNE informará el 30 de noviembre cuántas actas ha recibido y a cuántos votos equivalen, pero nadie puede declarar resultados hasta que termine el escrutinio oficial”, subrayó.
El exconsejero fue aún más duro, “le pido a don Roosevelt que se aparte del proceso, que deje de hacerle daño a la democracia. Los hondureños no confiamos en usted porque ha mostrado inclinación ideológica hacia el partido de gobierno. Delegue esa misión en otro jerarca, no siga insistiendo con entrometerse en asuntos que solo competen al CNE”, expresó.
Lobo recordó que el artículo 272 establece que las Fuerzas Armadas estarán al servicio del órgano electoral únicamente para garantizar el libre sufragio una vez que la presidenta de la República las ponga a disposición del CNE.
“Eso significa que la dirección del proceso está en manos del Consejo Nacional Electoral y que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar bajo sus órdenes. Nada más”, aclaró.
Abuso
Por su parte, la politóloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UANH), Julieta Castellanos, consideró la solicitud como un acto abusivo e inconstitucional.
“El jefe del Estado Mayor Conjunto se extralimita completamente de sus funciones. Es una solicitud que atropella la institucionalidad, que polariza aún más a la sociedad y que sobredimensiona el papel de las Fuerzas Armadas”, señaló.
Castellanos insistió en que es urgente que el general Hernández sea “ubicado en el lugar que le corresponde”.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos para cerrar filas en defensa del orden constitucional: “Debe quedar claro que las Fuerzas Armadas no son un poder político, son una institución del Estado, no de un partido ni del ministro de Defensa”.
La exrectora también hizo énfasis en la concentración de poder dentro del aparato militar y político.
“No hay ministro de Defensa, lo que implica que lo dicho por el jefe del Estado Mayor Conjunto solo pudo haberse hecho con autorización de la presidenta de la República. Él no se atrevería a formular esa solicitud sin el aval de su comandante en jefe”, afirmó.
Finalmente, Castellanos respaldó la postura del CNE de rechazar la petición y advirtió sobre sus consecuencias: “Si el CNE accediera, estaríamos ante un retroceso gravísimo, un golpe al poco avance democrático logrado en décadas. Sería un acto de complicidad con la ilegalidad y una violación directa al Estado de derecho”, concluyó.
La polémica por la solicitud del general Hernández ha encendido las alarmas en los sectores jurídicos, políticos y sociales, que ven en este episodio una peligrosa señal de intervención militar en el proceso electoral.
La Constitución es clara: las Fuerzas Armadas no son árbitro ni juez del sufragio, sino garantes de su seguridad logística. Todo intento por cruzar esa línea amenaza con revivir las sombras de los regímenes que Honduras juró dejar atrás.
