Tegucigalpa, Honduras.- Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó la solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE), de recibir copias de las actas de cierre del nivel presidencial este 30 de noviembre.
La abogada, a través de su cuenta en X, recordó a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) que tanto el voto como el escrutinio son procesos de carácter civil, y que los militares no deben involucrarse en ellos.
El sentido común democrático es simple: el voto es civil, el escrutinio es civil, la administración es civil. Las botas no deben tocar las actas”, dijo, mostrando el rechazo a la participación de militar.
El sentido común democrático es simple: el voto es civil, el escrutinio es civil, la administración es civil. Las botas no deben tocar las actas.
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) October 27, 2025
Hernández planteó, durante una reunión sostenida el pasado 24 de octubre con los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, que las FF AA pudieran tener acceso a una copia de las actas del conteo únicamente de cada candidato presidencial.
La petición generó críticas de distintos sectores sociales y políticos, que la calificaron como una intromisión indebida en un proceso estrictamente civil, recalcando que la solicitud vulnera el carácter apolítico de la institución castrense, así como los principios de independencia y neutralidad que deben regir los procesos electorales.
Analistas advirtieron que permitir la participación militar en la manipulación o resguardo de actas electorales podría interpretarse como una violación al libre sufragio y un abuso de poder contrario a las atribuciones conferidas a las FF AA por la Constitución de la República.
Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Constitución, tienen la función de garantizar la seguridad y el orden durante los comicios, pero no de involucrarse en el conteo o verificación de resultados.
El artículo 272 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas deben “garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, el transporte y la vigilancia del material electoral”.
