Tegucigalpa, Honduras.- Un requerimiento fiscal se prepara contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Suyapa Barahona, según adelantó el Ministerio Público.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la solicitud de antejuicio por el delito de prevaricato judicial contra los magistrados. Tras ello, el Ministerio Público aseguró que solo están a la espera de recibir el fallo, “ya que el equipo de fiscales se encuentra listo para presentar el requerimiento fiscal”.
El MP solicitó el antejuicio contra los magistrados del TJE tras ordenar la inscripción de los candidatos a diputados Jorge Cálix (Partido Liberal, Olancho) y Cristhian Adalid Villalobos (Partido Nacional, Valle) para las elecciones generales del 30 de noviembre.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no acató la resolución por dudas sobre su legalidad, dejando finalmente a los candidatos fuera del proceso electoral.
El antejuicio es un procedimiento previo que se aplica a ciertos funcionarios públicos de alto rango (como magistrados, jueces, diputados, el fiscal general, etc.) antes de poder acusarlos formalmente o someterlos a juicio penal.
Cuestionamientos
A criterio del defensor legal de los magistrados, Oliver Erazo, el Ministerio Público no tiene argumentos jurídicos para emitir requerimientos fiscales.
“El derecho de petición es un derecho constitucional; que lo que usted peticione tenga argumento o fundamento constitucional o legalmente válido ya son otros 50 centavos”, dijo el abogado Oliver Erazo.
El abogado reconoció que “estamos frente a una situación dramática, en un degradé completo de las garantías constitucionales de todos los hondureños y, en este caso, de los dos magistrados”.
Advirtió en TSI que “estamos en un alto grado de peligrosidad ciudadana por el mismo Estado de Honduras. Estamos en un estado de excepción donde se suspenden garantías y derechos constitucionales, lo cual es absolutamente ilegal. El hecho de que esté publicado en La Gaceta no lo reviste de legalidad, pues no ha seguido el procedimiento constitucional; no ha sido notificado, aprobado ni remitido al Congreso Nacional”.
Sostuvo que la misma Corte ha advertido, a través de la Sala Constitucional, que “no es ley; y si no es ley, ¿cómo es que la están aplicando la Policía y las Fuerzas Armadas? Eso genera un estado de vulnerabilidad para los hondureños y para los dos magistrados, porque pueden estar haciendo compras en un supermercado con su familia y ser apresados”.
Recriminó que no existen garantías procesales ni constitucionales.
Sobre los argumentos del Ministerio Público, aseguró que “les imputan haber cometido una conducta que podría subsumirse en el delito de prevaricato judicial, pero ¿dónde está la sentencia que diga que es nula la resolución emitida por el TJE?”.
La opinión del exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, no está tan alejada de la del abogado Erazo.
“Desde mi perspectiva, el órgano Ad-Hoc actuó correctamente. Si el Tribunal de Justicia Electoral tiene las mismas prerrogativas que la Corte Suprema, es lógico que no se le aplique el antejuicio”, explicó Orellana.
Aunque también cuestionó en qué se basará el Ministerio Público para sustentar el requerimiento. “El procedimiento está ahí, pero no entiendo en qué se va a fundamentar. Porque si el Ministerio Público dice que una sentencia es ilegal solo porque le parece, mañana podría procesar a jueces y magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema. Eso sería gravísimo”.
