Honduras

En el Congreso Nacional no hay luces para aprobar una nueva Ley Marco del IHSS

Con la declaración de inconstitucionalidad de la LMSPS, se corre el riesgo de la suspensión de atención a menores de 18 años, niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, dijo Johana Bermúdez
16.06.2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos meses pasaron desde quefue declarada inconstitucional la Ley Marco del Sistema de Protección Social (LMSPS) y en el Congreso Nacional no hay destellos de una nueva iniciativa legal que regule la seguridad social, por lo que se corre el riesgo que los derechohabientes continúen en el limbo.

La ausencia de la ley mantiene en incertidumbre a más de 700 mil afiliados directos y cerca de 1.5 millones de beneficiarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), además de 300 mil personas que cotizan al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

Para la aprobación de una nueva normativa, los congresistas deberán impulsar una amplia socialización con los trabajadores, empresarios y el mismo gobierno a fin de evitar los vicios que llevaron a la expulsión del estamento jurídico al decreto 56-2015.

“Hemos estado en la búsqueda y la discusión de sobre qué es lo que debe tener esta nueva Ley de Sistema de Seguridad Social y hemos visto que lo necesario es consenso, participación amplia, eso debe ser una construcción colectiva y no debe de venir enmarcada en intereses de grupo o personales”, reconoció la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, que además impulsó la derogatoria del polémico decreto.

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Sostuvo que “habrá que seguir haciendo los consensos. No es un tema que se va a abordar en una semana, ni en un mes, ni en dos probablemente, sino esa construcción y ese censo colectivo pasará una cantidad de tiempo que nos lleve a construir algo idóneo para el país y que verdaderamente respete la seguridad social como un derecho humano y no como intereses de un grupo”.

Pero, anunció que -al regresar del receso legislativo- será introducida a la cámara legislativa una propuesta de ley para el respeto los derechos de atención a los menores hasta los 18 años, el régimen de aportación al RAP y las cesantías como prioridad, para que también sean tomadas en cuenta y agregadas en la nueva ley, los cuales deberán conservarse para beneficio de los trabajadores.

Avances

Una vez que el Poder Legislativo conoció sobre la inconstitucionalidad de la normativa, designó a una comisión de parlamentarios para estudiar los alcances de la sentencia y así construir un nuevo marco jurídico que no choque con el polémico decreto que privatizaba la seguridad social.

“El Congreso Nacional ya nombró una comisión especial, conformada por la comisión de salud y la comisión de transparencia, además se pidió que estuviera alguien de la empresa privada, un representante de los gremios, un representante del IHSS, pero todavía no nos hemos reunido, no hemos recibido ninguna convocatoria, por lo que asumimos que no hemos sido convocados porque no ha llegado el documento al Congreso Nacional”, enfatizó Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional.

Advirtió que con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, se corre el riesgo de la suspensión de atención a menores de 18 años, niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, así mismo a los beneficiarios de los afiliados.

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Por su parte el diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, declaró que “la inconstitucionalidad a mi punto de vista se encontraba en la ampliación del servicio a personas que no aportan y ponía en precario la atención de las personas que sí hacen su aporte.

El tema de salud en el país con todo el respeto es un potrero, mientras no exista una superintendencia que regule el funcionamiento de la salud en Honduras, no va a cambiar”.

Sabas propuso que “para la creación de una Ley de Seguridad Social es importante tomar en consideración el establecimiento de una superintendencia de hospitales que regule el manejo y mantenimiento de la salud y seguridad social”.

En marzo, las diputadas Scherly Arriaga y Suyapa Figueroa presentaron al pleno un proyecto de ley para la derogación del decreto 56-2015.

No obstante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional por que privatiza los servicios y confronta a la Constitución de la República.

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