Tegucigalpa, Honduras.- Los túmulos artesanales, construidos sin autorización ni criterios técnicos, quedarán prohibidos en la red vial primaria de Honduras tras la aprobación de la Ley de Ordenamiento Técnico y Eliminación de Túmulos Irregulares en la Red Vial Primaria Nacional por parte del Congreso Nacional.
La normativa busca eliminar los reductores de velocidad improvisados que, según el diputado nacionalista Marco Midence, representan riesgos para conductores y pasajeros, además de afectar el tránsito de vehículos particulares y de carga en las carreteras del país.
“Hay vecinos que se juntan y tiran cemento y hacen túmulos. Hay unos que son hasta de dos pies”, relató Midence al explicar a qué se refiere con estructuras irregulares y por qué considera necesario establecer controles técnicos.
El artículo 1 de la ley prohíbe instalar túmulos tradicionales, artesanales o no certificados en la red vial primaria. También establece que la instalación, permanencia, sustitución o eliminación de dispositivos para reducir la velocidad deberá contar con autorización de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), conforme a las normas técnicas y legales vigentes.
Uno de los principales pasos será elaborar un inventario técnico nacional de los túmulos que actualmente se encuentran en la red vial primaria.
La ley establece que la SIT, en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tendrá un plazo máximo de 12 meses para completar ese registro.
A partir de la evaluación técnica, la intención es identificar cuáles estructuras deben retirarse y en qué lugares se requieren alternativas para controlar la velocidad sin poner en riesgo a los usuarios de las carreteras.
Midence explicó que el proyecto surgió después de una consulta ciudadana que realizó hace unos seis meses en el departamento de Atlántida, donde escuchó preocupaciones relacionadas con accidentes viales y túmulos construidos sin regulación.
“Yo en Atlántida he visto una cantidad enorme de accidentes, muchas veces se pierde la vida y muchas veces tienen daños irreparables para las familias”, manifestó el diputado.
El congresista mencionó como ejemplo el tramo entre El Progreso y La Ceiba, donde existen más de 90 túmulos. La cifra corresponde a lo señalado por el diputado y deberá contrastarse con el inventario oficial que elaboren las autoridades.
La aprobación también establece un plazo de 180 días para que el Poder Ejecutivo, por medio de la SIT, emita el reglamento que desarrollará la aplicación de la ley. Ese instrumento deberá incluir las especificaciones técnicas para regular los reductores de velocidad y evitar que continúen construyéndose estructuras improvisadas.
Midence indicó que se incorporó la participación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) en la elaboración del reglamento, debido a que varias comunidades y cascos urbanos se encuentran atravesados por carreteras de la red vial primaria.
La participación municipal busca que las decisiones sobre el retiro o la sustitución de túmulos consideren las necesidades de las comunidades, sin desplazar la competencia que la ley asigna a la SIT sobre la red vial primaria.
La ley también abre la puerta a que las autoridades evalúen obras complementarias en sitios donde sea necesario proteger a peatones y conductores.
Midence mencionó puentes peatonales, boyas y reductores de velocidad autorizados como opciones que podrían implementarse según las condiciones de cada sector.
El objetivo es que las comunidades con escuelas, centros de salud y otros puntos de concentración de personas cuenten con medidas de seguridad vial, sin depender de túmulos construidos de manera improvisada.
El diputado añadió que se deberá considerar la situación de los comercios ubicados cerca de algunas de estas estructuras y evaluar alternativas para reubicarlos cuando corresponda, de manera que las medidas de ordenamiento no perjudiquen innecesariamente la economía familiar.
Midence aseguró que la iniciativa fue socializada con las diferentes bancadas y recibió aceptación unánime.
La aplicación de la normativa dependerá ahora de la reglamentación, el inventario nacional y las evaluaciones técnicas que realicen las autoridades.
