Para la Iglesia Católica, el pueblo hondureño inició el 2012 'con mal pie' producto de las actuaciones indebidas de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
A través de su editorial del semanario Fides, la Iglesia Católica ha señalado que 'se han cometido una serie de errores', en alusión al controversial decreto 252-2011 que contemplaba un incremento de 34 dólares a los pasajes aéreos por concepto de seguridad biométrica.
Aunque la iniciativa ya fue vetada por el presidente Porfirio Lobo ante el rechazo contundente de la población, la Iglesia sostiene que este tipo de conductas atentan contra el deseo de la ciudadanía en el sentido de que los asuntos públicos se manejen con transparencia.
Es de mencionar que el denominado 'trancazo' migratorio había sido negociado en secreto entre el ministro del Interior, Áfrico Madrid, con la empresa de origen estadounidense Securiport y luego aprobado en incógnita el pasado 14 de diciembre por el Congreso Nacional.
Ni el Ejecutivo ni el Legislativo habían informado a la ciudadanía sobre el duro golpe que habría impactado en el bolsillo de miles de hondureños.
'La sociedad hondureña ha iniciado el nuevo año con mal pie. Los ciudadanos han comenzado inmersos en una tremenda discusión sobre un decreto del Ejecutivo, aprobado por el Legislativo', dice el editorial del semanario Fides titulado 'Un fantasma permanente'.
'Como puede observarse, se han cometido una serie de errores, los cuales atentan contra el deseo de la ciudadanía de que los asuntos públicos se manejen con absoluta transparencia'.
Prácticas corruptas
Para la Iglesia, toda contratación directa, como la realizada para incrementar la seguridad de los aeropuertos, genera dudas e incertidumbre entre el pueblo hondureño.
'Las contrataciones directas para el público siempre tienen el mal olor de las prácticas corruptas. Aún cuando dicha contratación directa se haga con la mayor buena fe. Lo cual solo resulta creíble en caso de dominio público, que sean muy excepcionales', dice el editorial católico.
La Iglesia lamenta que durante los últimos años los funcionarios de gobierno se han burlado de la Ley de Contratación del Estado, mediante la aprobación de una infinidad de decretos de emergencia para dar luz verde a las compras y contrataciones directas.
EL HERALDO puso en evidencia en un trabajo periodístico que durante los 22 meses de gobierno del presidente Lobo se han emitido 17 decretos de emergencia que, generalmente, implican una compra directa.
'En los últimos años, la Ley de Contratación del Estado se burla fácilmente: se decreta un estado de emergencia (aunque sea de pocos días) y una vez calificada así una situación muy particular, se recurre al expediente de la compra directa'.
Esto 'significa resolver un problema de abastecimiento pero a precios más elevados, en vez de tener una actitud proactiva que permita tener en marcha procesos preventivos para probables emergencias, a precios más favorables y asegurando que no haya comisiones debajo de la mesa', establece el semanario Fides.
La Iglesia recordó las circunstancias bajo las cuales fue aprobado el año anterior el polémico contrato de 100 megavatios de energía sucia a través del Congreso Nacional.
'Hace poco tiempo en circunstancias similares, se firmó el contrato para la compra de energía sucia de emergencia por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que al fin pasó con las autorizaciones legales requeridas, pero en la prensa, en muchos sectores socioeconómicos, dejó un mal sabor de que dicha compra contiene un cierto ingrediente de corrupción'.
'Dentro de poco vendrá la aprobación del contrato de medición eléctrica para los próximos años. A estas alturas ya se debería estar ejecutando un proceso de licitación con amplia participación de oferentes, más no se tiene información al respecto, y debido a ello, cuando se busque la aprobación del contrato surgirán las dudas que ahora'.
Seguidamente la Iglesia indica que 'estas situaciones anómalas pueden prevenirse si los funcionarios públicos demuestran un mayor interés en colaborar a establecer una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, pues en la forma en que están actuando, levantan muchas sospechas que afectan a quienes tienen a su cargo la conducción del gobierno'.
