La falta de acuerdo del pago entre el gobierno y los propietarios de viviendas y negocios ubicados en la orilla de la carretera CA-5 no permite que se avance en la construcción de la vía de cuatro carriles que conectaría con Tegucigalpa.
Los trabajos no avanzan en el tramo de 24 kilómetros que comprende desde la comunidad de Ojos de Agua, ubicada al pie de la Cuesta de la Virgen hasta la Villa de San Antonio.
La construcción de este tramo, conocido como Libramiento de Comayagua, y su ejecución están bajo la responsabilidad de la compañía Profesionales de la Construcción (Prodecon).
El tramo de unos dos kilómetros, que comprende desde la Villa de San Antonio hasta el sector de las Mercedes, específicamente donde comienzan los cuatro carriles inaugurados recientemente por funcionarios de la Cuenta del Milenio, no está licitado todavía.
Lentitud
Siete años han pasado desde que se licitó el tramo de 24 kilómetros identificado como Libramiento de Comayagua, y los trabajos avanzan lentamente.
El motivo principal es la falta de concertación entre gobierno y propietarios en cuanto al precio a pagar por la expropiación de las propiedades ubicadas a la orilla de la vía. La responsable de la construcción de ese tramo es Prodecon, empresa que ganó la licitación de la obra en 2005.
Según Sergio Meraz, administrador de esta compañía, por los momentos trabajan a medio vapor porque en la parte que les corresponde todavía no pueden derribar algunas casas debido a que el gobierno no llega a un arreglo de pago con los propietarios.
“El proyecto se llama Libramiento de Comayagua, que empieza en el desvío a la altura de la Villa de San Antonio hasta Ojos de Agua. No se ha podido terminar porque el gobierno no puede pagar el derecho de vía a los propietarios que tienen sus viviendas a la orilla de este tramo carretero”, explicó.
Según Meraz, son unas 22 casas las que se encuentran en la misma situación, por lo consiguiente no pueden seguir con la construcción.
El administrador también atribuye parte del atraso a los hechos ocurridos el 28 de junio del 2009, ya que con la salida forzosa del expresidente Zelaya del país, muchos financiamientos del proyecto se estancaron. Las comunidades de Los Mangos, Los Palillos y Las Palmeras son los sectores donde existen propietarios que no quieren aceptar la cantidad de dinero que el gobierno ofrece por la expropiación de sus propiedades y pago de las mejoras que ellos exigen.
El problema en la mayoría de los casos se centra en la concertación del valor de las mejoras de los predios.
Decisión
Norma Cristina Gutiérrez tiene su propiedad a orilla de la calle en el sector Los Mangos. Con 30 años de vivir en la zona, asegura que no se moverá de sus vivienda mientras el Estado no le pague lo que vale su terreno.
“No quieren pagar lo justo, nosotros mandamos a hacer tres avalúos, y en el 2003 mi propiedad estaba ya valorada en 600,000 (lempiras) y el gobierno solo me ofrece 214,000”, dijo la afectada.
No obstante, las cuatro familias vecinas de Gutiérrez ya llegaron a un acuerdo y solo están esperando que les pidan que desalojen el lugar.
“Hace cuatro años firmé y ya construí mi casa con los 250,000 lempiras que me dieron. No sé porqué tanto problema si a uno le advierten antes de que construya. Además no podemos oponernos a obras de desarrollo como estas”, declaró Carlos Rivera, vecino de la zona.
Explicó que en Los Mangos la vara cuadrada ya tiene un precio estipulado, lo que varía es el valor de las mejoras del inmueble.
En esta arteria vial se mantienen muchos negocios de comida y fruta así como souvenir. Algunos alegan que lo único que les perjudicará es que no están dejando retornos cerca, por lo que solo acapararan las ventas los que transitan por un carril.
Por el momento, la constructora solo realiza trabajos para terminar el acceso a la ciudad de La Paz.
