Tegucigalpa, Honduras.- Más de 85 millones de lempiras fueron desembolsados del erario público a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) para garantizar la seguridad, transporte y logística de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
Sin embargo, el resultado fue un rotundo fracaso en la capital de la República: desorden, atisbos de violencia y una ciudadanía que ha perdido la fe en las instituciones encargadas de resguardar la democracia.
El expediente No. 1611-2025 del Estado Mayor Conjunto revela que el 27 de febrero, el general Roosevelt Hernández solicitó a la ministra de Defensa y actual precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, que instruyera la transferencia de fondos a la institución castrense.
Un día después, el 28 de febrero, Moncada y la gerente administrativa de la Secretaría de Defensa, Sabrina Florisel Bustamante, enviaron un oficio al Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Honduras (BCH) para que se ejecutara la transferencia por 85,489,305 lempiras.
Con los fondos en poder del Estado Mayor Conjunto, el 3 de marzo ya se habían distribuido a lo interno de las Fuerzas Armadas.
Según los documentos, se asignaron 32.2 millones de lempiras a la Fuerza Aérea para alimentación; L11.5 millones también a esa rama para el Fondo de Alimentación; 12.6 millones a la Fuerza Naval; 16 millones al Estado Mayor Conjunto y 12.9 millones al Comando de la Policía Militar del Orden Público.
Los fondos provinieron del presupuesto que el Congreso Nacional aprobó a favor del Consejo Nacional Electoral (CNE).
¿En qué se gastaron los fondos?
Los reportes de ejecución presupuestaria indican además que se gastaron 945,560 lempiras en telefonía celular, 232,865 lempiras en alquiler de equipos de comunicación y 40,000 lempiras en servicios de transporte. Solo en viáticos, la Fuerza Aérea reportó 336,015 lempiras.
El mayor desembolso fue en alimentación, con una cifra que alcanzó los 58.2 millones de lempiras. También se invirtieron 423,499 lempiras en productos de artes gráficas, 5.4 millones en gasolina, 13 millones en diésel, 1.3 millones en lubricantes y otros 5.4 millones en repuestos y accesorios.
Sin embargo, el despliegue prometido por la institución castrense nunca se reflejó en el terreno. La jornada electoral fue manchada por desorden generalizado, urnas extraviadas y actas entregadas con retrasos.
La ciudadanía reaccionó con indignación ante el fracaso de quienes debían garantizar el orden. En vez de fortalecer la confianza en las instituciones, el millonario gasto desembocó en una mayor deslegitimación del proceso democrático.
Investigación a FF AA
En la investigación de lo sucedido durante las elecciones primaria, sectores políticos y analistas exhortaron al Ministerio Público a incluir dentro de la investigación a las Fuerzas Armadas.
“El artículo 272 constitucional es más que claro y siempre ha sido así. ¿Quiénes ha custodiado y transportado el material electoral?, los militares; si quieren evadir esa responsabilidad, es culpa de ellos”, aseveró el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas.
Continuó: “Lo que sí yo le puedo manifestar es que los errores que cometieron los militares el día 9 de marzo no se pueden volver a repetir el 30 de noviembre”.
A criterio de la analista política Julieta Castellanos, el MP debe investigar el origen de lo que ocasionó un caos que retrasó la llegada del material electoral a los centros de votación.
“Definitivamente si el Ministerio Público solo va a investigar la acción administrativa del Consejo Nacional Electoral creyendo que allí está el foco del problema, está equivocado y está dejando de investigar el foco central de lo que fue el problema”, señaló.
Sostuvo que “si el Ministerio Público no investiga quién dio la orden de paralizar el transporte, de no entregar el material electoral, no investiga por qué nueve buses iban con dos elementos militares, si no investiga eso no está haciendo una investigación profesional”.
