Julissa Villanueva, sin potestades en cárceles por “trabas” e impases legales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, fue nombrada por la presidenta Xiomara Castro, para presidir un plan de intervención en los centros penales, pero hasta el momento no ha logrado ni siquiera cambiar a los jefes policiales que desde el año pasado están a cargo de los distintos recintos.

Fuentes oficiales afirmaron que Villanueva ha encontrado impases legales en su camino que no le permiten que asuma las responsabilidad encomendada.

Además, existe una pugna entre las autoridades de Seguridad con quienes, afirman, ha tenido fuertes discusiones, pues no ha logrado que el personal que escogió para trabajar con ella en la administración de centros penales se le den sus acuerdos para tomar acciones.

Julissa Villanueva, aseguró que tiene amplias facultades para tomar decisiones y hacer los cambios que sean necesarios en el sistema penitenciario, pero no contestó sobre las medidas que ha tomado. Sí confió que se ha encontrado con trabas en el proceso de intervención de las cárceles.

Fuentes al interior del Instituto Nacional Penitenciario (INP) afirmaron que el proceso de intervención no es que no avanza, sino que pareciera que lo están obstaculizando.

De momento, lo que se está viendo es quienes son los que se están oponiendo de forma silenciosa al proceso de intervención de las cárceles, ya que hay una pequeña facción de altos mandos de la Policía Nacional que no están de acuerdo.

Sobre el no nombramiento de los dos interventores adjuntos, la fuente aseguró que están trabajando en una lista de candidatos que deben reunir los requisitos y méritos, ya que son personas civiles que serán nombradas.

Sobre el tema, se lo consultó al titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Vaquero, quien aseguró que no es necesario que el decreto aprobado establezca que puede hacer despidos o cambios dentro del sistema, ya que la intervención se está haciendo junto a la Policía.

“Ella interviene como interventora junto a la Policía, porque ellos son parte de la intervención”, aseguró el titular de Gobernación, institución que es parte de los entes encargados de velar por el funcionamiento del sistema penitenciario.

Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Fue en ese momento cuando se delegó la responsabilidad de las cárceles la Policía Nacional, a través de su Directorio Estratégico, en calidad de Comisión Interventora, por un período un año.

A raíz de los enfrentamientos entre reclusos de las pandillas 18 y la Mara Salvatrucha (MS 13) , el pasado 10 de abril se anunció el nombramiento de una junta interventora que según el PCM16-2023 debe estar integrada por una comisionada presidenta y dos adjuntos, todos de libre remoción y nombramiento de la presidenta de la República.

El decreto, en la parte final de artículo cuatro, instruye a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Defensa Nacional a brindar todo el apoyo que sea necesario a la comisión interventora, para asegurar el despliegue rápido, coordinado y efectivo de todos los recursos necesarios “en caso de contingencia o emergencia”.

Rodolfo Pastor, titular de la Secretaría de la Presidencia, vía WhatsApp, expresó que el decreto es claro, sobre las facultades que tiene la comisión interventora.

Al consultarle por qué no se ven cambios en las casi dos semanas de haber sido nombrada la subsecretaria de Seguridad, Pastor recomendó consultarle a ella.

También se llamó y escribió un WhatsApp al comisionado general Gustavo Sánchez, director general de la Policía Nacional, consultándole sobre el tema, pero al cierre de esta edición no había contestado.