Con un recurso de amparo en contra de la resolución de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), el dueño de las más de 14,000 toneladas de arroz que protagonizan el “arrozazo II” busca ingresar el producto al país sin pagar impuestos.
El Juzgado de lo Contenciosos administrativo de San Pedro Sula, a través de su titular, María Luisa Bográn, resolvió admitir con suspensión del acto reclamado que libraría al importador del pago de 48.3 millones de lempiras por la importación del arroz de la discordia.
Esa decisión oficial posibilita que el cargamento de arroz sea descargado bajo el argumento de que el empresario Sady Andonie tiene los permisos correspondientes firmados por los funcionarios respectivos, tanto de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), como de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Desde un inicio Andonie, representante de los molinos Bachosa, San Antonio y Andonie, ha mantenido que ha respetado la ley ya que su producto viene legal. El empresario argumenta que los funcionarios firmaron la prórroga para que ingresara el arroz en mención.
En vista de que el recurso implica la suspensión del acto reclamado, el producto que se encuentra en Puerto Cortés podría ser desembarcado sin pagar el tributo correspondiente, con lo que Honduras dejaría de percibir 48.3 millones de lempiras en concepto de impuestos.
Las importaciones irregulares de arroz han desatado críticas contra la administración del presidente Porfirio Lobo, pues con cada uno de los “arrozazos” ha quedado en evidencia que los colaboradores del mandatario actúan en muchas oportunidades unilateralmente.
La merienda escolar
Respecto a la importación de 4,017 toneladas de arroz supuestamente destinadas en 2011 para la merienda escolar, no se logró obtener ayer una opinión de los funcionarios vinculados en ese proceso contemplado en el acuerdo ministerial 550-2011.
EL HERALDO buscó al director ejecutivo de Ingresos (DEI), Enrique Castellón, quien no pudo atender a los medios porque recibió una visita de funcionarios del Tesoro de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El secretario de Comercio, Francisco Zelaya, expresó a través de una tercera persona que el lunes 13 de febrero de 2012 brindará los nombres de los funcionarios de la Secretaria de Agricultura que solicitaron la importación de las 4,017 toneladas de arroz para la alimentación escolar.
En el despacho del subsecretario de Agricultura, Juan Ángel Artica, se informó que el funcionario se encontraba fuera de la ciudad. Los esfuerzos por contactarlo por la vía telefónica también fracasaron.
Información de primera mano en poder de EL HERALDO indica que las 4,017 toneladas de arroz no fueron destinadas para el programa presidencial de la merienda escolar.
Señalamientos
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó que el secretario de Comercio, Francisco Zelaya, debe aclarar el destino que se le dio a la importación de este cargamento de arroz dirigido a la merienda escolar y que las empresas importadoras del grano debían registrarse en el sistema Sarah de la DEI.
Además, que los secretarios de Comercio, Francisco Zelaya, y de Agricultura, Jacobo Regalado, debían brindar un informe escrito al 31 de diciembre respecto a este acuerdo.
Urtecho expresó que el sector privado esperará el informe que respecto a este tema se presentará el martes 14 de febrero de 2012 en el Consejo de Ministros.
“Nosotros cuestionamos que la importación referida se efectuó en contra de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA), y se dice que la importación del arroz era para la merienda escolar, pero resulta que no era para ese programa”, indicó.
Según el ejecutivo, existen bastantes dudas respecto a la manera en cómo se efectuó esta importación que afecta al productor de granos básicos.
“Desconocemos cuál será la determinación que el próximo martes tomará el presidente Porfirio Lobo. Mal haríamos si propusiéramos acciones al mandatario porque tampoco seríamos escuchados”, dijo Urtecho. Para el ejecutivo en este tema, debe actuar la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, el Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional Anticorrupción. “Nadie actúa en contra de esos ilícitos”, dijo Urtecho.
