La propuesta de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras correspondiente a 2013, además de ser abultado, desequilibrado e insostenible, también se le puede calificar de obeso y estreñido.
Dado que se considera obesa a una persona cuando supera en un 20% el peso recomendado para su altura y constitución, también el presupuesto puede calificarse de obeso, especialmente cuando el mismo supera la suma de la inflación esperada más la respectiva proyección del crecimiento real de la economía, las cuales se estiman que en 2013 alcanzarán un nivel de 9.6%. Este porcentaje representaría una regla sana máxima de incremento presupuestario para 2013, si en realidad se quisiera actuar con verdadera responsabilidad en materia fiscal.
Ya que históricamente la inversión pública no ha podido alcanzar anualmente una ejecución presupuestaria igual o superior al 80%, y en consideración a que hacia finales de septiembre de 2012 dicha ejecución apenas fue del 43.8%, según las cifras de la Secretaría de Finanzas, al presupuesto también se le puede calificar de estreñido, ya que este estado corporal es una alteración intestinal que se caracteriza por una dificultad para evacuar las heces, ya sea por el volumen acumulado o por la consistencia de las mismas.
La propuesta de Presupuesto para 2013 asciende a 164,925.3 millones de lempiras, desglosados en 89,276.4 millones para la administración central y 75,648.9 millones de lempiras para el sector descentralizado. En relación al presupuesto originalmente aprobado para 2012, que ascendió a 144,338.2 millones de lempiras, el correspondiente a 2013 registra un incremento global de 14.3%, de los cuales 12.2% son atribuibles a la administración centralizada y 16.8% a la descentralizada.
La obesidad del presupuesto de 2013 no solamente se refleja en el hecho de que los incrementos referidos en el párrafo anterior superan la regla sana del 9.6% ya mencionada, sino también en que al relacionar el mismo con el PIB nominal estimado en 388,436 millones de lempiras para 2013, se alcanza una cifra de 42.5%, superior al 40% registrado en los tres años anteriores, lo que es equivalente a decir que el presupuesto aprobado para 2013 supone un exceso o sobrepeso de 9,555.5 millones.
El estreñimiento en la ejecución de la inversión pública durante 2012 es realmente preocupante. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el sector de comunicaciones y energía al 25 de septiembre del corriente muestra una ejecución del 40.2%, promoción y protección humana registra un 47.7%, el sector agroforestal y turismo refleja un avance de 53.6% y el componente de fortalecimiento institucional apenas una ejecución de 35.8%.
Dado que el avance general de la ejecución de la inversión pública al 25 de septiembre de 2012 era de únicamente 43.8%, se estima que difícilmente se podrá alcanzar el 76.9% de ejecución observada durante el 2011, con lo cual el estreñimiento bien se podría convertir en “empacho”, sin que exista la remota posibilidad de que el gobierno piense en autorrecetarse un “lavado o enema”.
Más allá del estreñimiento de la inversión pública durante 2012, también es significativo que en el presupuesto de 2013 se programó una disminución del monto global de la misma. Así por ejemplo, mientras en 2011 la inversión pública se ubicó en los 16,329.2 millones de lempiras y en 2012 alcanzó un nivel de 16,383.8 millones, para 2013 únicamente se asignaron 12,546.9 millones para inversión, de los cuales 9,421.9 millones corresponden a la administración central y 3,125.0 millones a la descentralizada.
La disminución del monto asignado para la inversión pública en 2013 no solo implica un desequilibrio en la distribución presupuestaria, sino que también conlleva un mensaje desalentador para la ciudadanía en general, ya que ello supone menos disponibilidad de recursos para atender las necesidades de infraestructura en sectores vitales como salud y educación, lo cual deteriora la inversión real del país y obstaculiza el fortalecimiento del capital humano de la nación.
En la propuesta de presupuesto de 2013 se asignan 16,068.0 millones al pago de obligaciones de la deuda pública, equivalentes al 4.1% del PIB nominal estimado para dicho año, superior al 3.2% destinado para la inversión pública. Esto constituye una alarma adicional acerca de la delicada situación fiscal del país.
